En lo que hace a los instrumentos programáticos en materia de combate a la violencia contra las mujeres, destaca la elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM) 2019-2024, mecanismo nacional para el seguimiento y evaluación de los resultados en materia de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. El PIPASEVM propone cuatro objetivos prioritarios en la materia: disminuir las violencias contra las mujeres, mediante la implementación de medidas preventivas de los factores de riesgo; promover servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e intercultural para mujeres víctimas de la violencia; fomentar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género para asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición, con las instancias competentes a nivel nacional; impulsar acciones de coordinación que permitan institucionalizar en el Estado Mexicano la erradicación de la violencia contra las mujeres. Corresponde a la CONAVIM, como conductora de la política, verificar el cumplimiento del programa.
Por su parte, la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, considera como uno de sus objetivos prioritarios combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad. En este marco, el PROIGUALDAD integra siete líneas estratégicas orientadas a avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes: fortalecer el marco institucional; impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales; mejorar los servicios y los mecanismos de protección que brinda el Estado; fortalecer las acciones del Estado en la atención, impartición de justicia y reparación de daños; fortalecer y promover la autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes; generar, difundir e intercambiar conocimiento; y fomentar la participación activa, corresponsable, democrática y efectiva de los distintos sectores de la sociedad en la prevención de esta problemática.
Asimismo, el Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), considera el componente violencia de género y violencia sexual, el cual se enfoca en contribuir a la prevención, atención oportuna de la violencia de género y violencia sexual, para limitar los daños ocasionados por ésta. Para ello, las acciones puntuales están dirigidas a la promoción del derecho a una vida libre de violencia, a fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud para atender a la población y reforzar mecanismos institucionales y de vinculación.
Legal
En abril del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que busca fortalecer el proceso para declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en particular: ratificar el carácter extraordinario, urgente e inmediato de la Alerta; un plazo máximo de 45 días naturales, entre la admisión de la Alerta y la declaración, para agilizar su aplicación; establecer la coordinación y responsabilidad de los tres niveles de gobierno para instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias, entre las que sobresale la implementación del programa de acciones estratégicas de cumplimiento y sus características; los criterios para levantar la Alerta en los estados y municipios que logren modificar las condiciones extraordinarias sobre las cuales se establece la AVGM.
El 17 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) , así como los Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del SNPASEVM , aun cuando en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se previó que el Reglamento del SNPASEVM se debía publicar a los 90 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto de la ley en 2007.
En la actualidad, la Comisión de Prevención de la Violencia contra las Mujeres es presidida por la Secretaría de Educación Pública.
El Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de secretaría técnica del SNPASEVM, ofrece en su página web una compilación de los Modelos empleados por la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de prevención, atención y sanción de la VCM , el cual es un sistema de información integral, automatizado y público.
En términos de los modelos/instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres, durante la actual administración (2019-2022), destacan los siguientes:
La "Ruta para la atención y protección de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años y sus hijas e hijos" (Ruta NAME, 2019) diseñada, en el marco de la ENAPEA, para incidir en algunas de las causalidades del embarazo en adolescentes y niñas menores de 15 años (mayormente relacionado con el abuso sexual, el matrimonio infantil y las uniones forzadas), considerando las diversas puertas de entrada desde las que se puede detectar y las ventanas de atención existentes; asimismo, se diseñó una guía práctica (2020) para la implementación local de la Ruta. Esta ruta considera que al tener contacto/detectar a una niña y/o adolescente embarazada, entre otras acciones, se le debe referir a unidades de salud quienes deberán brindarle una atención de urgencia, incluido el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De acuerdo con los informes trimestrales del SIPINNA, la ruta se ha presentado en las 32 entidades federativas, a través de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEAS), a fin de lograr su territorialización y se ubican 10 estados prioritarios para su implementación. Si bien, en octubre de 2019, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a través de su Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se comprometió a la implementación de la Ruta , a la fecha sólo hay evidencia de la institucionalización de dicho mecanismo en el estado de Hidalgo. Si bien, la ruta considera un Sistema Informático para el registro y monitoreo de la atención a las niñas y adolescentes, de acuerdo con fuentes oficiales, únicamente Hidalgo ha desarrollado una herramienta informática (SIN-NAME ) que permite registrar y generar las alertas relativas a los avances en la atención, garantía de derechos y protección de la población objetivo; dicho sistema es de acceso restringido, esto es, sólo para funcionariado público.
Protocolo Nacional de actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC, 2020) instrumento que busca dotar a los cuerpos policiales de un procedimiento idóneo y efectivo que garantice una respuesta adecuada ante la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito familiar. El protocolo considera cinco etapas: i) detección, consiste en conocer la problemática y características del entorno social que permiten reconocer a las víctimas de violencia (directas, indirectas, potenciales, en condición de vulnerabilidad), ii) identificación, encuadrar jurídicamente los hechos en razón de la detección de acuerdo a la legislación general y ordinaria aplicable en la materia el tipo y modalidad de la violencia; iii) intervención, es la atención policial que se brinda a las mujeres y la intervención que se hace con la persona agresora a fin de garantizar la seguridad de las mujeres; iv) canalización, considerando las necesidades médicas, jurídicas, psicológicas, de trabajo social u otras que pueda tener la víctima; v) protección y seguimiento, consiste en preservar la vida, la integridad física y los derechos e intereses de la víctima, aplicando medidas específicas, para lo cual, la autoridad de seguridad pública determinará el nivel de riesgo al que es susceptible la mujer, elaborará un plan de protección o seguridad, la acompañará a presentar una denuncia (en caso de que ella quiera) previa explicación sobre el propio proceso; finalmente se dará seguimiento a las incidencias de violencias.
En julio de 2020, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SN-DIF) presentaron el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF) cuyo objetivo es garantizarles el acceso a la justicia a través de la prestación de servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención por parte de las instituciones que tienen ese mandato legal. A pesar de la publicación del Protocolo aún no se ha creado un padrón nacional para cuantificar a esta población ni modelos de atención integral en todas las entidades; además, el Congreso no ha aprobado reformas a favor de estas víctimas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que, con base en fuentes periodísticas, para 2018 se estimó que la cifra de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio pudo haber llegado a ser de más de 3,300 . Por otra parte, mediante un comunicado de prensa, el INMUJERES informó que, de la información provista por 26 entidades federativas, fueron identificados 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio entre enero y diciembre de 2019 .
La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron un nuevo Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, el cual entró en vigor el 17 de febrero de 2020. Dicho instrumento contempla acciones para la implementación efectiva de procedimientos y medidas específicas para prevenir, atender y sancionar el HyAS en las dependencias y entidades de la administración pública federal; busca promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia mediante las acciones específicas; brinda acompañamiento y define mecanismos para orientar y proteger a la presunta víctima; puntualiza que, al realizar las denuncias por acoso y hostigamiento sexual, el nombre de la presunta víctima es totalmente confidencial; y, se establece que la totalidad del personal de la administración pública federal reciba al menos una sesión anual sobre el tema.
En mayo de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, instrumento que busca garantizar la protección inmediata de niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier forma de violencia directa e indirecta, mediante un trabajo de coordinación interinstitucional, en los tres órdenes de gobierno; contiene el procedimiento que, las distintas autoridades (federales, estatales, municipales) deberán seguir para la protección de niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia, desde la detección del caso hasta la formulación del plan de restitución de derechos.
El Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2021) a fin de promover e implementar estrategias orientadas hacia la transformación de los patrones socioculturales, de forma coordinada entre el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales a fin de reducir los factores de riesgo que generan actos de violencia contra las mujeres en los tipos y modalidades descritos en la Ley General de Acceso. Las estrategias del modelo se enmarcan en las acciones del Sistema Nacional o de los Sistemas Estatales, en especial a las acciones de la(s) Comisión(es) de Prevención. Además, el modelo actúa en tres niveles en los que se manifiestan las relaciones sociales: a nivel interpersonal, comunitario y estructura.
En el mes de marzo de 2021, el INMUJERES, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y SEGOB, desarrollaron y presentaron las Directrices para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en las instituciones de educación superior. Estas directrices tienen por objeto proporcionar los ejes principales a considerar en la elaboración e implementación de los mecanismos de prevención, atención, sanción del hostigamiento y acoso sexual en los centros educativos de educación superior.
Implementación
A partir de 2020, los recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres (FOBAM), coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres y dirigido a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, otorga recursos para contribuir a las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA). De este modo, los proyectos estatales se dirigen a las dos metas principales de la Estrategia nacional: erradicar el embarazo infantil y prevenir el embarazo en la adolescencia. En este marco, los proyectos deben considerar 5 metas genéricas, siendo una de ellas (M.3) “impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente”; y actividades sobre capacitación en la Ruta NAME, difusión de la NOM-046, reproducción de materiales sobre la Norma, etc. Para 2022 se apoyaron proyectos de las 32 IMEF, con donativos que van de los 2.2 a los 3.6 mdp. Es importante mencionar que hasta 2019 este fondo se llamaba PROEQUIDAD y entregaba recursos directamente a las organizaciones de la sociedad civil para efecto de implementar proyectos dirigidos a combatir la discriminación, la desigualdad y la violencia de género; sin embargo, la política del gobierno actual es no asignar presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o movimiento ciudadano. Por lo anterior, actualmente las IMEF, en el marco del desarrollo de los proyectos apoyados por el FOBAM, pueden “contratar” a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para apoyar la coordinación e implementación de las iniciativas.
Como parte de las acciones de prevención es preciso mencionar al Pp010 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, a cargo de INMUJERES, el cual contribuye a la implementación de la Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres; se trata de un subsidio otorgado a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México, para que desarrollen proyectos en tres posibles modalidades: incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal; incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México; e incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo con sus reglas de operación, el programa se alinea con los 6 objetivos prioritarios del PROIGUALDAD, y de entre las metas que se puede considerar contribuyen a prevenir la VCM sobresalen: potenciar el autocuidado de las mujeres en el ámbito comunitario, promover el empoderamiento económico de las mujeres, reconocer e impulsar buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y construcción de paz con perspectiva de género, impulsar el acceso de las mujeres a la educación básica, promover la modificación del marco normativo y/o programático en materia de igualdad, fortalecer las capacidades técnicas del funcionariado público y de las IMM, etcétera. De acuerdo con la cuenta pública los recursos otorgados a este programa, en los últimos cuatro años, han sido los siguientes: 358mdp en 2019, 365mdp en 2020, 365.3mdp en 2021 y 372.2mdp en 2022.
Asimismo, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF) a cargo de la Secretaría de Bienestar, permanece en operación a fin de empoderar a las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). De las tres vertientes que considera esta iniciativa, dos se concentran en el trabajo directo con mujeres, y una de ellas está enfocada en la prevención de las violencias contra las mujeres, de acuerdo con las Reglas de Operación 2022 , las IMEF pueden llevar a cabo acciones de información, difusión, promoción, y sensibilización sobre temáticas que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres y contra NNA, así procesos de formación y alianzas estratégicas para combatir la citada problemática. Los recursos con lo que ha contado de 2019 a 2022 ascienden a 1,123.5 mdp; para 2023 el PEF prevé 305 mdp para el citado programa.
A nivel federal continua en operación el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres, a cargo de la CONAVIM, cuyo objetivo es apoyar la creación y el funcionamiento de Refugios especializados a cargo de organizaciones de la sociedad civil o entes públicos, como mecanismos seguros para salvaguardar la vida y la dignidad de estas mujeres, así como de sus hijas e hijos bajo su cuidado. De acuerdo con el Modelo de Atención previsto en el Reglamento de la LGAMVLV, los refugios forman parte del tercer nivel de atención porque brindan servicios especializados y de protección desde las perspectivas de género y derechos humanos, a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en situación de riesgo, cuando así lo soliciten, y de esta manera contribuir a que superen la situación de violencia y facilitar su proceso de empoderamiento y ciudadanía. En estos espacios se ofrecen servicios gratuitos, especializados y confidenciales desde los ámbitos psicológico, médico, legal y educativo para asesorar y atender a las mujeres que han sufrido violencia por razones de género en sus hogares o en otros espacios. En los Refugios, además, se otorga capacitación laboral, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, y son espacios seguros que funcionan las 24 horas de los 365 días del año. Mediante los informes trimestrales que la Secretaría de Bienestar envía a la Cámara de Diputados, es posible saber el número de proyectos apoyados en la materia, esto es, el número de refugios y centros de atención externa favorecidos con recursos: 106 en 2020, 100 en 2021 y 98 en 2022.
En términos presupuestales, los recursos asignados al programa durante el período 2020-2022 suman 1,221 mdp; para el 2023 se estiman 443.7 mdp para el mencionado programa.
No obstante, a inicios de este sexenio, se anunció la suspensión de los recursos públicos destinados a los Refugios, con la finalidad de entregar directamente los recursos a las mujeres víctimas de violencia, lo cual es una política totalmente contraria a los instrumentos nacionales e internacionales en la materia; tras la movilización de las organizaciones feministas y de la sociedad civil, se logró revertir la decisión y reactivar la Convocatoria de subsidios para este programa. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil reiteradamente han señalado demoras en la entrega de los recursos provenientes del programa, pudiendo acceder a ellos hasta mediados del año fiscal. Según información de la Red Nacional de Refugios (RNR): en 2021 la red atendió a 45,490 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias; cada hora una mujer pidió apoyo a la RNR por situaciones de violencia; en el citado año885 mujeres pidieron apoyo gubernamental y no fueron escuchadas; 9 de cada 10 niñas y niños que ingresaron a Refugio fueron víctimas de violencia física y psicológica; y, en los últimos dos años incrementaron 55.59 % los ingresos a Refugios de la RNR.
Asimismo, durante la actual administración sigue operando el subsidio proveniente del programa presupuestario PpE015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las Mujeres, destinado a la Creación y el Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en estados y municipios.
La CONAVIM informa que, a la fecha, existen 60 Centros de Justicia para las Mujeres, 14 de ellos han sido construidos durante el actual gobierno. El presupuesto que se ha asignado desde el PpE015, para la creación o fortalecimiento de los CJM en los últimos cuatro años (2019-2022) ha sido de 413.8 mdp. No obstante, vale la pena mencionar que esta iniciativa también recibe recursos estatales para su operación.
Con base en los informes anuales del avance de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres que presenta la CONAVIM, se sabe que el número de mujeres atendidas a través de los CJM es el siguiente: para 2019 se atendió a 179,791; 195,106 en 2020; 214,687 en 2021; y, 160,511 mujeres de enero a septiembre de 2022.
De acuerdo con el ejercicio de recolección de información sobre la operación, los servicios y el registro de información que se lleva a cabo en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), referente al período 2019-2021, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la mayor cantidad de mujeres atendidas se concentra en el rango de 20 a 29 años y de 30 a 39 años, seguidas de las mujeres de 40 a 49 años; asimismo, la mayoría de ellas reporta estar casada o en unión libre (más del 30%). El tipo de violencia con mayor registro en los tres periodos fue la violencia emocional, seguida de la física y sexual. Los Centros reportaron que las principales personas agresoras de las mujeres atendidas fueron sus parejas, esposo, cónyuge, concubino (91 838), seguido de sus exparejas (50 310) en 2021
Según el mismo documento, las atenciones otorgadas por los Centros están más orientadas a brindar servicios relacionados con la asesoría y/u orientación jurídica en las materias penal y familiar seguida de la atención psicológica ; asimismo, en 2021 se registraron 262 241 mujeres atendidas, de las cuales 66 969 contaron con carpeta de investigación abierta, 51 597 presentaron denuncia y 22 148 querella.
Por otra parte, se mantiene el subsidio (que también forma parte del PpE015) destinado a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en estados y municipios. Hasta noviembre de 2022 hay un total de 32 procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 25 entidades federativas, de los cuales 25 son declaratorias y ocho son solicitudes . Las 25 declaratorias se han emitido para 22 entidades federativas, la mayoría por violencia feminicida. Destaca que Estado de México, Guerrero y Veracruz cuentan con dos declaratorias de AVGM, siendo que Guerrero y Veracruz tienen alerta por agravio comparado y el Estado de México una por desaparición. Las declaratorias emitidas durante el periodo 2019-2022, han sido en los siguientes estados: Baja California (2021), Chihuahua (2021), Estado de México (2019), Guerrero (2020), Puebla (2019), Sonora (2021) y Tlaxcala (2021).
El subsidio para las acciones de coadyuvancia, en los últimos cuatro años ha sido de 430 mdp. A este respecto, conviene subrayar que, además de este subsidio, el financiamiento de las medidas propuestas en el marco de la AVGM debe provenir de los fondos propios de las entidades federativas y de los municipios, suponiendo una restructuración y redistribución de sus presupuestos.
Se destaca esta acción debido a que, el Informe de evaluación del funcionamiento del mecanismo de la AVGM , realizado con apoyo del Programa de Cooperación para América Latina de la Unión Europea (EUROSOCIAL+), la Alerta ha terminado siendo utilizada no tanto como mecanismo de emergencia sino como instrumento destinado a generar políticas públicas generales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, incluida la familiar. Lo anterior se refrenda con el tipo de acciones propuestas por los Grupos de Trabajo conformados en cada entidad; de esta manera, sobresalen como acciones para implementar: la capacitación a servidoras(es) públicos; el seguimiento a la aplicación de la NOM-046-SSA2 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres; el fortalecimiento a las instituciones que brindan atención a las mujeres; creación de albergues, refugios y/o Centros de Justicia para las Mujeres; programas de prevención y atención a la violencia; etc.
Durante 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) iniciaron la implementación de la estrategia Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), la cual busca que las mujeres participen en iniciativas locales de prevención de la violencia de género y que logren diálogos en la comunidad y con las autoridades más cercanas, para incidir en la construcción de políticas públicas relacionadas con la prevención de la violencia, la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de la seguridad, la recuperación de espacios públicos, así como su mejoramiento y el establecimiento de nuevas formas de habitarlo. Conforme al tercer informe anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (abril, 2022) se sabe que, durante el ejercicio fiscal 2021 se crearon 256 Redes MUCPAZ en 121 municipios de 12 entidades federativas con un total de 5 mil 628 mujeres integrantes. De acuerdo con información de INMUJERES, esta estrategia, durante el período 2019-2020, tuvo una inversión total de $123 millones 590 mil 899 pesos a través de proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana provenientes del subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) , particularmente de los proyectos denominados Prevención de la Violencia Familiar y de Género; sin embargo, el FORTASEG dejó de existir como subsidio a partir de 2021, por lo que se desconoce con qué recursos operan las Redes MUCPAZ.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en el marco del Programa de Derechos Indígenas, continúa apoyando el proyecto Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana , espacios donde las mujeres de las propias comunidades brindan atención y apoyo, con pertenencia cultural, lingüística y perspectiva de género en materia de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva.
En abril de 2020, el (hoy extinto) Instituto Nacional de Desarrollo Social presentó la Plataforma de Servicios de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Violencia , la cual ofrece información georreferenciada por entidad federativa sobre los servicios que las distintas entidades federativas ofrecen en materia de atención a la referida población.
En marzo de 2021, inició la estrategia para la creación y operación de las unidades especializadas de policías de género con el objetivo de impulsar la creación de células de reacción inmediata especializadas en la actuación policial eficiente y profesional en la prevención, detección, identificación, intervención, atención y protección de los casos de violencia contra las mujeres en los municipios con alerta de violencia de género, así como en los 106 municipios de mayor incidencia en delitos de homicidio y feminicidio. De acuerdo con el tercer informe anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (abril, 2022), en diciembre de 2021 se capacitó a 37 elementos de seguridad pública (21 mujeres/ 16 hombres) en el Taller para la implementación de Unidades de Policías Municipales Especializadas de Género, quienes fungirán como replicadoras(es) en las corporaciones de 16 municipios: Ensenada, Mexicali y Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez y Chihuahua, Chihuahua; Ecatepec, Estado de México; Celaya, Guanajuato; Juchitán de Zaragoza Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal, Santa Cruz Xoxocotlán, Tlacolula de Matamoros y Villa de Zaachila, Oaxaca; Puebla, Puebla; Benito Juárez, Quintana Roo; y Culiacán, Sinaloa.
Continúan en operación los Servicios Especializados de Atención a la Violencia en unidades médicas del sector salud; se trata de servicios que brindan apoyo psicoemocional a víctimas de violencia y atención a lesiones provocadas por la violencia; así mismo, se provee profilaxis para prevenir infecciones de trasmisión sexual y, en caso de embarazo producto de una violación sexual, se realiza una referencia oportuna a los servicios de aborto seguro. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) reporta que, actualmente, se cuenta con 508 servicios en el país, los cuales pueden ser consultados a través de un mapa interactivo
El número 911 sigue funcionando para recibir llamadas y atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia, como lo son: abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Conforme a la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo enero-octubre 2022, se recibieron un total de 12, 733,873 llamadas, de éstas 4% se refirió a un incidente de violencia familiar.
Como parte de las acciones de capacitación y formación sobresalen las siguientes:
• El INMUJERES certificó a 683 personas (514 mujeres y 169 hombres), en estándares y competencias sobre capacitación a servidoras y servidores públicos en enfoque de igualdad entre mujeres y hombres; coordinación de refugios para mujeres víctimas de violencia; orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia; atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia y atención a presuntas víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual.
• La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) realizó diversas acciones en la materia dirigidas a policías, tales como: el Curso de especialización en la intervención de delitos de violencia de género que involucran a niñas, niños, adolescentes y mujeres en el ámbito familiar; el Taller virtual sobre “Prevención de la Trata de Personas”; el Diplomado en línea “Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”; el “Programa de sensibilización y capacitación para la prevención especial de la violencia y el delito”, entre otros.
• La Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró los contenidos del curso de capacitación en línea sobre Educación Integral en Sexualidad para Comunidades Educativas, para fortalecimiento del personal docente sobre derechos sexuales y reproductivos.
• La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) promovió la capacitación del personal a través de servicios en línea que ofrecen instituciones como INMUJERES, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), FGR y ONU-Mujeres, entre otras. Asimismo, realizó 51 cursos dirigidos al personal del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) sobre: Ley General de Víctimas; Modelo Integral de Atención a Víctimas; ABC del acompañamiento a víctimas; reparación integral del daño; Atención a víctimas con perspectiva de género y nuevas masculinidades.
• La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció cursos de capacitación en argumentación jurídica con perspectiva de género, que fueron dirigidos a agentes del ministerio público, auxiliares ministeriales y personal pericial.
• La Secretaría de Bienestar realizó capacitaciones dirigidas a su personal para incidir en la modificación de normas sociales y culturales para prevenir y erradicar el abuso y la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes.
No obstante, una de las grandes carencias sigue siendo contar con información que haga posible identificar la efectividad de las capacitaciones brindadas al funcionariado público; esto es, evaluaciones en el nivel de comprensión de los temas incluidos en las capacitaciones recibidas, el cambio de comportamiento de las personas que participaron en las capacitaciones, así como el impacto de la capacitación en las aptitudes y habilidades relativas al trato con las mujeres, niñas y adolescentes que acuden a los servicios.
Asimismo, es posible mencionar actividades de difusión e información dirigidos a la población en aras de concientizar/sensibilizar acerca de la violencia contra las mujeres:
• En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2020) lanzó la campaña “Yo exijo respeto”, dirigida a la prevención, identificación y denuncia de la violencia sexual en niñas y adolescentes, y a concientizar sobre la responsabilidad de madres, padres, docentes y cuidadores sobre la violencia sexual a niñas y adolescentes.
• CONAVIM e INMUJERES, con apoyo de la iniciativa Spotlight, implementaron la campaña #NoEstásSola, en contra de la violencia hacia las mujeres en el hogar, en el marco de las acciones emergentes en la materia en tiempos de la pandemia por COVID 19, cuyo objetivo fue hacerle saber a las mujeres víctimas de violencia la existencia de instituciones y organizaciones para brindarles atención, mantenerlas a salvo y garantizar su seguridad.
• INMUJERES y la CONAVIM colaboraron con ONU Mujeres México en el desarrollo del manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México (2021) herramienta de apoyo para los medios de comunicación, equipos editoriales, de investigación y reporteo en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
• En el marco del proyecto “Escuela de Fortalecimiento al Liderazgo Adolescente” (EFLA), que INMUJERES impulsa conjuntamente con UNICEF México, se publicó en febrero del 2022 el manual “Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes, una implementación exitosa”, creado para acompañar a facilitadoras, talleristas y socias implementadoras de la EFLA, siendo la prevención de la violencia uno de los temas centrales.
• La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) actualizó (2022) la Cartilla de Prevención de Delitos en Materia de Trata de Personas en armonía con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el objetivo de difundir la importancia de prevenir la comisión de esta violación a los derechos humanos. Lo anterior, en reconocimiento de que, en México, ocho de cada 10 víctimas de trata son mujeres y niñas.
Rendición de cuentas
Para efecto de conocer la prevalencia de la violencia contra las mujeres, considerando sus distintos tipos y modalidades, México cuenta con (al menos) 3 sistemas:
• El Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), como resultado de la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), herramienta de acceso público, que contiene un amplio conjunto de indicadores (283) sobre violencia contra las mujeres. Este sistema puede ser consultado en: https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/tablero.jsf
• El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), principal instrumento de información de la política, tiene por objeto recabar datos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de todo el país, para lo cual se interconecta con los Bancos Estatales que se alimentan de los casos que son registrados por las dependencias que atienden víctimas de violencia en cada entidad federativa; desafortunadamente el registro de los casos no es uniforme, ya que no todas las dependencias cumplen con la adecuada alimentación de las bases de datos de los bancos estatales. Este sistema es de acceso restringido. https://banavim.segob.gob.mx/
• El SIS Proigualdad es un sistema de indicadores diseñado por el INMUJERES para concentrar en un mismo espacio todos los indicadores pertinentes para el seguimiento del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD), instrumento marco que define la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres. https://sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/public/index.html
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica información mensual sobre violencia contra las mujeres: incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911. https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
También vale la pena destacar la publicación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), por parte del INEGI, cuyo objetivo es generar información estadística con representatividad nacional y para cada una de las 32 entidades federativas y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más (a lo largo de su vida y en los últimos 12 meses) por tipo (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) y ámbito de ocurrencia (escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja). Además, provee información sobre la violencia que experimentan mujeres pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad (como mujeres indígenas, con discapacidad y de 60 años y más), violencia experimentada durante la infancia y violencia obstétrica. La edición 2021 mejora la captación en el apartado de búsqueda de apoyo y denuncia, violencia digital, la opinión sobre roles de género y tensiones y conflictos en la vida en pareja, entre otros.