¿Qué es el EPU?

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que tiene el propósito de evaluar la situación de los derechos humanos en los 193 países miembros de la ONU. Este procedimiento se realiza cada cuatro años y medio.

Objetivos del EPU

• Abordar las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.
• Mejorar la situación de los derechos humanos en el terreno.
• Alentar a los Estados a cumplir sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos
• Evaluar los desarrollos positivos y los retos a los que se enfrentan los Estados.
• Fortalecer la capacidad de los Estados para garantizar el disfrute de los derechos humanos.
• Ofrecer asistencia técnica a los Estados cuando se requiera.
• Intercambiar mejores prácticas entre los Estados y otras partes interesadas.

¿Cómo funciona el EPU?

El EPU es un proceso cíclico que contempla tres etapas principales

1. El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado, cuyo momento principal es el dialogo interactivo después de la presentación del informe del Estado, en el que se le hacen preguntas y recomendaciones.
2. La implementación entre dos revisiones (4 ½ años) por el Estado examinado de las recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos.
3. Evaluación de la ejecución de las recomendaciones y las promesas de los Estados.

¿En qué se basa la revisión?

En el examen se utilizan tres importantes documentos:

• En un informe escrito por el Estado examinado tras una consulta con la sociedad civil.
• Una compilación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDHI) de los órganos de tratados, procedimientos especiales y agencias de la ONU.
• Un resumen preparado por la OACHUDH con información recibida de instituciones nacionales y ONGs.

¿Cuál es el resultado del EPU?

Como resultado del EPU se extienden recomendaciones al Estado que éste puede apoyar o anotar, las primeras son las que se compromete a cumplir hasta el próximo examen, ocasión en que el país será evaluado nuevamente.

Las recomendaciones son sugerencias que abordan una diversidad de derechos y acciones que constituyen una suerte de agenda de prioridades que ayudarán al Estado a mejorar la situación de derechos humanos.

¿Cómo participa la sociedad civil?

La participación de las organizaciones de la sociedad civil puede llevarse a cabo de cinco maneras diferentes:

• Participar en las consultas nacionales celebradas por los Estados examinados;
• Enviar información sobre la situación de derechos humanos en el país a través de la presentación de informes alternativo;
• Cabildeo con miembros del Grupo de Trabajo para incidir en los temas y recomendaciones;
• Realizar declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos durante la adopción del informe.
• Monitorear y participar en la implementación por parte del Estado examinado de las recomendaciones del EPU.

Principales documentos sobre el EPU

• Resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la ONU
• Resolución 5/1, de 18 de junio de 2007 del Consejo de Derechos Humanos

Cuestiones de organización y de procedimiento del EPU

• Decisión adoptada por el Consejo de Derechos Humanos: 17/119 Seguimiento de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos con respecto al Examen Periódico Universal

Tips para avanzar en la implementación

El seguimiento de las recomendaciones vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos debe ser un tema permanente en la agenda nacional. En este marco, se pueden realizar múltiples acciones y eventos de alcance público que permitan no sólo avanzar en la implementación de estas recomendaciones, sino también realizar una difusión del alcance nacional de las mismas.

A continuación, se ilustran acciones que pueden ser realizadas en el terreno y que pueden promover el avance en la implementación efectiva de las recomendaciones. Las acciones pueden estar dirigidas tanto a la sociedad civil organizada, a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDDHH) o similares, así como también a los organismos del Estado encargados de avanzar en la implementación de las recomendaciones a nivel nacional.

Estas acciones pueden referir a:

• Vincular las recomendaciones EPU con las recomendaciones recibidas por el país bajo revisión desde los Órganos de Tratados y Procedimientos Especiales. Esta vinculación refuerza la aplicación de los tratados a nivel nacional, así como también la importancia de las visitas oficiales de los Procedimientos Especiales en el terreno. Además, el trabajar todas las recomendaciones que un determinado ha recibido del sistema universal desde una perspectiva integral permite visualizar la problemática de derechos humanos en el país y los avances que son necesarios realizar para poder garantizar los derechos humanos en el terreno.
• Vincular las recomendaciones EPU con el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados de la región en el Consenso de Montevideo. La agenda del Consenso de Montevideo se alinea con las recomendaciones que los países reciben en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, por lo cual vincular ambas agendas fortalece el seguimiento de los compromisos que los Estados han asumido en ambas instancias.
• Articular la agenda nacional, generada a partir de las recomendaciones EPU, con la agenda global en materia de derechos sexuales y reproductivos. Específicamente, se vuelve estratégico vincular la agenda local con la agenda que se promueve en el marco de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD), el Foro de Generación Igualdad (GEF) y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), a efectos de poder alinear la estrategia local con las obligaciones asumidas por el país en el ámbito internacional.
• Vincular el seguimiento de la implementación de las recomendaciones EPU con el seguimiento de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible trae consigo una agenda de derechos humanos que se torna fundamental vincularlo con el EPU. El vínculo entre ambas agendas puede potenciar una implementación efectiva de los ODS garantizando el cruce entre derechos humanos y desarrollo.
• Análisis de recomendaciones anotadas por el país bajo revisión. En caso de que el país bajo revisión haya rechazado una o más recomendaciones, será oportuno revisar y analizar la fundamentación de ese rechazo con el objetivo de poder establecer si el Estado está rechazando una recomendación regresiva o que promueve derechos. Si el rechazo se refiere a una recomendación que promueve derechos será necesario establecer una estrategia de incidencia con las autoridades de ese país para tratar de revertir esa decisión en el ámbito nacional.
• Trabajo con las Representaciones y Misiones Diplomáticas ante Naciones Unidas en Ginebra. Diseñar una estrategia de incidencia, tanto antes como después de la revisión, con las Representaciones y Misiones diplomáticas en Ginebra se torna fundamental para la adopción de recomendaciones que promueven derechos en las revisiones EPU. En definitiva, son las y los Diplomáticos en Ginebra quienes realizan las recomendaciones durante las sesiones y remiten a la capital, toda la información que reciben de la sociedad civil organizada. Este diseño de estrategia también permite identificar qué países son proclives a realizar recomendaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos basadas en los estándares internacionales en la materia. Esto redunda en la adopción de recomendaciones que promueven derechos, en contraposición a las recomendaciones que buscan generar regresividad en las legislaciones nacionales.
• Utilización de las Leyes de Acceso a la Información Pública. La mayoría de los países de la región cuentan con leyes de acceso a la información pública, las cuales son una herramienta clave al momento de recolectar información oficial sobre la implementación y evaluación de políticas públicas en el país. Asimismo, la utilización de la ley permite acceder a información estadística oficial que si bien es pública puede no ser de fácil acceso. Incluso, se pueden identificar vacíos de información por parte del estado que permitan realizar recomendaciones en lo que a producción y recolección de datos estadísticos de calidad se refiere.
• Acciones conjuntas entre coaliciones, alianzas u organizaciones de la sociedad civil a efectos de divulgar sus preocupaciones y las recomendaciones que están realizando al país. Esta acción permite dar conocimiento al mecanismo y refleja el nivel de involucramiento que tienen las Organizaciones de la Sociedad Civil para con el mismo.
• Coordinar acciones con la Institución Nacional de Derechos Humanos o institución similar. Esta acción es clave a nivel nacional ya que promueve el diálogo entre los actores relevantes a nivel nacional.
• Mantener un diálogo de intercambio con los organismos públicos encargados de avanzar en la implementación de las recomendaciones.
• Realización de mesas redondas, debates, que involucren a todas las partes implicadas en la implementación de las recomendaciones a efectos de ir obteniendo insumos sobre las acciones que se están llevando a cabo en pos de la implementación efectiva de las recomendaciones.