Monitoreo EPU
Violencia Contra las Mujeres
Recomendacion de Filipinas a Bolivia
Ejes temáticos
Violencia Contra las Mujeres
Marcos
Legal
Muestra mínimo avance de implementación
115.191. Seguir reforzando las políticas y los programas de lucha contra la violencia de género velando por que se tengan debidamente en cuenta las opiniones de las mujeres y niñas víctimas (Filipinas);
Evaluación
Los programas y políticas que existen no se manejan de manera sostenida para que sus mensajes perduren en el tiempo y logren generar cambios positivos para contribuir a la lucha contra la violencia.
¿Qué falta para garantizar el cumplimiento de la recomendación?
Political Will
Recursos
Recursos
Es importante replantear la manera en la que se llevan a cabo los intentos de combatir la violencia en el país y promover mayor participación política para que se vuelva un tema central y constante en la agenda de Bolivia.
Relación con el Consenso de Montevideo
Fuente
Recomendacion de Filipinas a México
Ejes temáticos
Violencia Contra las Mujeres
Marcos
Muestra fuerte avance de implementación
132.215. Garantizar la asignación de recursos suficientes para reforzar los programas y medidas destinados a hacer frente a la violencia contra las mujeres y los niños, combatir la trata de seres humanos y mejorar el bienestar de los migrantes y los solicitantes de asilo (Filipinas);
Evaluación
El Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, conocido como Anexo 13, es el instrumento más importante de la política pública de igualdad de género; involucra 28 Ramos entre autónomos, administrativos y generales con recursos presupuestales , alrededor de 102 programas presupuestarios y 156 acciones específicas clasificadas en tres ejes: 1) acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género; 2) acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género y 3) acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, a través de 103 unidades responsables del gasto.
En términos generales, los recursos del Anexo 13 han crecido de manera constante desde su creación; es a partir del 2018 que los incrementos han sido en mayor proporción, alcanzando su máximo histórico en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, que tuvo un incremento del 74.6% con respecto a lo aprobado en 2021.
Año Monto asignado
2018 47 mil 918 millones de pesos
2019 64 mil 656 millones de pesos
2020 103 mil 518 millones de pesos
2021 128 mil 354 millones de pesos
2022 232 mil 384 millones de pesos
Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los Ejercicios Fiscales 2018-2022
No obstante, al realizar un análisis más detallado se puede observar que no necesariamente todas las acciones y programas contenidas en el Anexo contribuyen al logro de la igualdad de género, incluso algunos de ellos son muy cuestionables. Por ejemplo, un análisis hecho por el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), evidencia que para 2022 la Secretaría de Bienestar cuenta con la mayor asignación de recursos dentro del Anexo con 139 mil 945 millones de pesos, no obstante, el 91% de éstos se destinarán al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores , mientras que otros programas a cargo de la misma Secretaría, considerados relevantes por los impactos que puede tener para las mujeres en todas sus diversidades, presentan incrementos mínimos e incluso reducciones
Con respecto al presupuesto asignado para la erradicación de la violencia de género, dentro del Anexo 13 se identifican tres programas presupuestarios que tienen, explícitamente, esa finalidad: PpE015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las Mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el cual otorga recursos para la operación e instalación de los Centros de Justicia para las Mujeres, acciones de coadyuvancia para las alertas violencia de género contra las mujeres (AVGM), y para desarrollar acciones que atiendan los Estados y Municipios que cuentan con AVGM. Por su parte, el programa PpU12 Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres, también a cargo de la CONAVIM, brinda atención eficiente y de calidad a las usuarias, sus hijas e hijos a través de hospedaje, alimentación, vestido y calzado, así como servicios de atención en psicológica, jurídica, educativa, médica y de trabajo social. Por último, el programa PpS155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), a cargo de la Secretaría de Bienestar, como su nombre lo indica, está dirigido a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para que realicen servicios de orientación y atención integral especializada (de trabajo social, psicológica y jurídica, incluyendo el seguimiento jurisdiccional9, y servicios específicos para el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia, en coordinación con instituciones públicas y sociales.
• (E015) Promover la atención y prevención de la violencia contra las Mujeres: 260 mdp en 2019; 300 mdp en 2020; 300 mdp en 2021; 310mdp en 2022; 327.6 mdp en 2023
• (U012)Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos: No existía como Pp (2019); 396 mdp en 2020; 405.0 mdp en 2021; 420 mdp en 2022; y, 443.7 mdp en 2023.
• (S155) Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF): 278.5 mdp en 2019; 278.5 mdp en 2020; 278.5 mdp en 2021; 288 mdp en 2022; y 305 mdp en 2023.
Como se puede observar, el incremento a los programas antes mencionados ha sido marginal en los últimos años, lo cual es preocupante en un país con cifras tan elevadas en materia de violencia contra las mujeres. Así, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) en México, 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida; por otra parte, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre del 2022 se registraron 777 feminicidios en México.
El aumento marginal que registran los programas antes citados tiene que entenderse dentro de la visión que el actual gobierno tiene con respecto a (por lo menos) tres elementos; en primer lugar, a la relación con las organizaciones de la sociedad civil y a la posibilidad de trabajar conjuntamente; segundo, al interés de reducir intermediarios y priorizar las transferencias directas a personas beneficiarias; y tercero, a la llamada “austeridad republicana” que ha adoptado el Gobierno Federal.
Bajo lo expuesto en el párrafo anterior, conviene señalar que el jefe del ejecutivo federal en reiteradas ocasiones ha minimizado las preocupaciones sobre la violencia contra las mujeres y se ha referido a las activistas feministas como cercanas a los “grupos conservadores”. En febrero del 2019, desde el ejecutivo federal se emitió una circular en la que instruyó a las dependencias de la administración pública federal (APF) a no asignar presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o movimiento ciudadano; bajo dicha lógica, a principios de 2019, se anunció la suspensión de los recursos públicos destinados a los Refugios, con la finalidad de entregar directamente los recursos a las mujeres víctimas de violencia, lo cual es una política totalmente contraria a los instrumentos nacionales e internacionales en la materia; tras la movilización de las organizaciones feministas y de la sociedad civil, se logró revertir la decisión y reactivar la Convocatoria de subsidios para Refugios. Asimismo, programas como el PROEQUIDAD o el Programa de Coinversión Social, que anteriormente otorgaban recursos a las organizaciones de la sociedad civil para la implementación de proyectos orientados a avanzar en la igualdad de género y la lucha en contra de la violencia contra las mujeres, durante este sexenio desaparecieron.
En México, la trata de personas es un delito, se considera una actividad ilícita cuya finalidad es atraer a una persona mediante engaños, violencia o promesas para explotarla. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos prevé 11 modalidades: esclavitud; explotación sexual; explotación laboral; trabajo forzado; mendicidad forzosa; utilización de personas menores de edad en actividades delictivas; adoptación ilegal de personas menores de 18 años; matrimonio forzoso; tráfico de órganos y experimentación biomédica. En nuestro país el combate a la trata de personas se centra básicamente en la persecución del delito; de esta manera, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2022, a nivel nacional se han iniciado sólo 670 carpetas de investigación por el delito de trata de personas.
Considerando el enfoque que se otorga a la problemática, a nivel federal corresponde a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), y a las fiscalías homologas en las entidades federativas, gran parte de las acciones en la materia.
Por lo que respecta al presupuesto asignado para combatir este delito, como puede observarse en el siguiente cuadro, el presupuesto de la FEVIMTRA se ha mantenido casi sin cambios, inclusive, en el presente año hubo un recorte a lo asignado el año anterior.
71.5 mdp/ 2019; 68.4 mdp/2020; 69.2 mdp/2021; 64.0 mdp/2022
En este sentido, ni sus resultados ni el presupuesto asignado a la señalada dependencia ha crecido a lo largo de los años. Con base en la incidencia delictiva de trata de personas, deriva de indagatorias iniciadas en la FEVIMTRA, disponible en su página institucional, y que se encuentra actualizada al 31 de julio de 2020, es posible conocer que durante el periodo 2018-2020 únicamente se abrieron 172 carpetas de investigación por el citado delito.
De acuerdo con el estudio “La trata de personas en México 2021, procuración e impartición de justicia” realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se sabe que únicamente siete fiscalías estatales reportan contar con presupuesto asignado para atender este delito: la Fiscalía Contra la Trata de Personas de Chiapas, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de Chihuahua, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Trata de Personas de Hidalgo, la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de México, la Vice Fiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de Sonora, la Fiscalía Especializada para la Atención de Trata de Personas de Zacatecas y FEVIMTRA de la FGR
Conforme a la señalada investigación, es de conocimiento que, entre el 01 de agosto 2017 y el 31 de julio de 2021, los órganos jurisdiccionales, en el ámbito de competencia estatal, reportaron un total de 201 sentencias condenatorias firmes emitidas por los delitos en materia de trata de personas.
No más migración por hambre o por violencia constituye uno de los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. El documento Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024, señala a la migración y a las personas migrantes como un eje de la política nacional, por lo que la política migratoria del Gobierno de México se constituye sobre la base de un paradigma, cuyo centro es la persona migrante y el desarrollo social y económico como sustento de la movilidad humana de una manera regular, ordenada y segura.
Uno de los mecanismos esenciales para cumplir con esta obligación es a través de la asignación de recursos suficientes para las políticas e instituciones que atienden y protegen a la población migrante.
En México, la política de atención a las personas migrantes y refugiadas solicitantes de asilo recae principalmente en la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De esta manera, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), la Unidad de política Migratoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración (SDHPM) de la Secretaría de Gobernación ; la Unidad de Investigación de Delitos para personas Migrantes de la FGR; y la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), representan los órganos/áreas que se encargan de implementar políticas en la materia y que implementan los programas presupuestarios que para tal efecto se consideran dentro del presupuesto de egresos de la federación.
COMAR E006 Atención a refugiados en el país: 20.8 (2019) 47.3 (2020) 44.2 (2021) 78.1 (2022) 48.3 (2023)
SDHPM P022Protección y defensa de los derechos humanos: 18.8 (2019) 35.8 (2020) 35.8 (2021) 27.6 (2022) 39.1 (2023)
Unidad de política Migratoria P022Protección y defensa de los derechos humanos: 41.5 mdp (2019) 41.5mdp (2020) 41.4mdp (2021) 42.7mdp (2022) 45.0 mdp(2023)
INM E008 Política y servicios migratorios: 1,415 mdp (2019) 1,330 mdp (2020) 1,603.0mdp (2021)
3, 771mdp (2022) 1,769mdp (2023)
CAIMFS E008 Política y servicios migratorios: 43.5mdp (2019) 56.4 mdp (2020) 56.7mdp (2021) 61.1mdp (2022) 61.3mdp (2023)
Unidad de política migratoria E008 Política y servicios migratorios: 41.5 mdp (2020) 41.4mdp (2021) 48.2 mdp (2022) 45.0mdp (2023)
Unidad de Investigación de Delitos para personas Migrantes de la FGR E009 Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos 790.7mdp (2019) 1,550.0mdp (2020) 3,259.1 mdp (2021) 2,938.5mdp (2022) 3,050mdp (2023)
Quinta Visitaduría General de la CNDH E003 Atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así como impulsar las acciones de promoción en la materia: 103.3 mdp (2019) 109.1mdp (2020) 87.8mdp (2021)105.5mdp (2022) 148.6mdp (2023)
Comprendiendo que el fenómeno migratorio es muy amplio y, en este sentido, colocando el foco de atención en la migración irregular en México, debido a que esas personas están expuestas a diversos riesgos y vulnerabilidades, de acuerdo con el Anuario de Movilidad y Migración Internacional en las Entidades Federativas de México, 2021, ese año se caracterizó por un incremento en los flujos de personas que ingresaron de manera irregular al país, marcando la cifra más alta registrada en los últimos 10 años.
De acuerdo con las estadísticas migratorias 2022, emitidas por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la SEGOB, para septiembre del presente año existen 291,520 personas en situación migratoria irregular en México, del total 178,730 son hombres y 67,136 son mujeres; asimismo, aproximadamente el 15% se ubican entre los 0 a los 17 años, es decir, niñas(os). Las cinco entidades federativas con mayor presencia de personas migrantes bajo la señalada condición son: Chiapas (95,961), Baja California (34,292), Veracruz (24,901), Tabasco (24,625) y Coahuila (23,295).
Con respecto de los delitos de que son víctimas las personas migrantes, se sabe que aquellos con mayor incidencia fueron el tráfico ilícito de migrantes (72.2%) y robo (15.7%). En general, el mayor número de delitos reportados fueron perpetrados contra los hombres en movilidad internacional (68.4%), mientras que el 31.6% fue en contra de mujeres. Los datos publicados muestran que las presuntas víctimas son en su mayoría personas adultas (67.7%), el resto NNA (32.3%).
Según el Anuario, la devolución al país de origen se mantuvo como el proceso administrativo de resolución de mayor recurrencia (42.1%), hubo un grupo de personas a quienes no se les aplicó dicho procedimiento y se les otorgó una opción para regularizar su situación migratoria o dejar el país por sus propios medios. O bien, accedieron a una solicitud de la condición de refugiado, dichas medidas fueron aplicadas a 34.8% de los eventos en 2021, aunque cabe destacar que 22.6% abandonó el procedimiento administrativo migratorio. Con fecha de septiembre de 2022, la COMAR informa que hay 86,621 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en México.
Con base en las cifras antes expuestas es claro que el flujo migratorio irregular en México es mayúsculo al ser un país de tránsito para las personas que buscan llegar a Estados Unidos. En este escenario, si bien el presupuesto destinado a atender el fenómeno migratorio ha aumentado en los últimos cuatro años, particularmente para los órganos que se encargan de operar los programas que proporcionan servicios directos a las y los migrantes, la preocupación recae, como ha sido señalado por organizaciones de la sociedad civil y por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es el que la política en materia de atención a la migración irregular se ha centrado en la detención de las personas en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales operadas por el INM. Y, es que si bien, en México ser una persona migrante no documentada no es un delito, el artículo 3 de la Ley de Migración, contempla la “presentación”, esto es, la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. Así, durante enero-octubre 2022, se informa que 250,434 personas no documentadas han sido presentadas. Esta medida contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos los cuales establecen claramente que deben favorecerse medidas alternativas a la detención para el control de la población migrante.
Con respecto a las personas que solicitan refugio en México, información proveniente de organismos internacionales (ACNUR, 2022) señala que la mayoría espera durante meses a que sus solicitudes sean revisadas y a que se les entreguen documentos que demuestren su estatus legal y les permitan salir de la ciudad por la que ingresaron; asimismo, suelen enfrentar discriminación y dificultades para encontrar trabajo y vivienda. Esto en parte se debe a que el sistema de refugio de México se ha visto sobrepasado por el enorme crecimiento de la cantidad de solicitantes. El presupuesto destinado a la autoridad de refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), no ha crecido al mismo ritmo, por lo cual hay un atraso cada vez mayor en las solicitudes de condición de refugiado que esperan ser resueltas.
¿Qué falta para garantizar el cumplimiento de la recomendación?
Political Will
Recursos
Regulations
Recursos
Regulations
• Asegurar una asignación progresiva de recursos a los programas que sí están orientados a cerrar las brechas de desigualdad de género y a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.
• Generar un nuevo modelo de atención migratoria, que promueva el pleno respeto a los derechos humanos de las personas en situación de migración irregular y prevea medidas alternativas a la detención para quienes ingresan al país en dicha condición.
• Incrementar el presupuesto de la COMAR proporcionalmente a la cantidad de solicitudes de refugio que este organismo recibe.
• Implementar políticas públicas integrales para prevenir y combatir la trata de personas.
• Contar con Fiscalías especializadas en los delitos en materia de trata de personas en cada una de las entidades del país, con presupuesto asignado y personal técnico especializado para proporcionar servicios de investigación, periciales y atención a víctimas en la materia, con perspectiva de derechos humanos enfoque de género e infancia.
Relación con el Consenso de Montevideo
Recomendacion de Filipinas a Uruguay
Ejes temáticos
Violencia Contra las Mujeres
Marcos
(Sin Evaluación)
118.76. Seguir reforzando sus programas de desarrollo de la capacidad dirigidos a los agentes del orden público y los garantes de derechos, para combatir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños (Filipinas);
Evaluación
¿Qué falta para garantizar el cumplimiento de la recomendación?
Relación con el Consenso de Montevideo
Recomendacion de Filipinas a Uruguay
Ejes temáticos
Violencia Contra las Mujeres
Marcos
(Sin Evaluación)
118.140. Redoblar sus esfuerzos por aplicar unas políticas y estrategias destinadas a hacer frente a la violencia de género y promover la igualdad de género (Filipinas);
Evaluación
¿Qué falta para garantizar el cumplimiento de la recomendación?
Relación con el Consenso de Montevideo
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