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Violencia Contra las Mujeres

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Recomendacion de Lituania a México
Ejes temáticos
Violencia Contra las Mujeres
Marcos
Implementación Legal Operativo Programático

Muestra fuerte avance de implementación

132.211. Intensificar la cooperación con los expertos independientes y las organizaciones no gubernamentales en la prevención de la violencia de género y la recolección de datos verificados sobre la violencia contra las mujeres y las niñas (Lituania);

Evaluación
Tomando como referencia las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y su derecho a vivir una vida libre de violencia (principalmente CEDAW y la Convención de Belem do Pará), las Recomendaciones emitidas por órganos de derechos humanos, así como lo señalado en la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para los fines de este documento se asume que el deber de prevenir abarca acciones como la implementación de campañas de información y concienciación sobre la violencia, programas de estudio en los distintos niveles educativos, el uso de datos para el diseño de políticas, la mejora de las instituciones, el desarrollo de mecanismos de alerta temprana, la formación adecuada del funcionariado, la dotación de recursos humanos y financieros suficientes para las instituciones, la revisión y armonización de las leyes, así como el involucramiento de los medios de comunicación, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. En lo que hace a los instrumentos programáticos: Para la elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM) 2019-2024, en cumplimiento al artículo 42, fracción III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de Gobernación por conducto de la CONAVIM realizó foros de consulta ciudadana. De acuerdo con la página institucional de la Comisión, se realizaron 3 foros regionales (Oaxaca, Colima, Sinaloa) y uno nacional (Estado de México), del 16 de agosto al 09 de septiembre de 2019; las temáticas base fueron violencia feminicida, violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia comunitaria y violencia institucional. Asimismo, se habilitó un micrositio para realizar las propuestas en línea: http://bit.ly/ConsultaMujeres Por su parte, la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, también conllevó la realización de una consulta nacional que implicó la realización de 32 foros Estatales nombrados “Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México”, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019. Así, en la propia publicación del Programa se lee que en ellos participaron organizaciones de la sociedad civil, servidoras y servidores públicos, integrantes y especialistas en la materia y mujeres que enfrentan diversas desventajas, múltiples formas de exclusión y factores de discriminación. También se habilitó un micrositio para recibir propuestas vía electrónica. Es conveniente mencionar que, si bien se asume que las consultas realizadas sirvieron para definir los elementos sustantivos de ambos programas, los resultados de éstas no son de acceso público, tampoco lo es el perfil de las personas participantes; es decir, no es posible saber si existió entre las y los participantes integrantes de organizaciones no gubernamentales, expertas(os), académicas(os), integrantes de organismos de Naciones Unidas, etc. Asimismo, el Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), considera el componente violencia de género y violencia sexual, el cual se enfoca en contribuir a la prevención, atención oportuna de la violencia de género y violencia sexual, para limitar los daños ocasionados por ésta. Para ello, las acciones puntuales están dirigidas a la promoción del derecho a una vida libre de violencia, a fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud para atender a la población y reforzar mecanismos institucionales y de vinculación. Legal En abril del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que busca fortalecer el proceso para declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en particular: ratificar el carácter extraordinario, urgente e inmediato de la Alerta; un plazo máximo de 45 días naturales, entre la admisión de la Alerta y la declaración, para agilizar su aplicación; establecer la coordinación y responsabilidad de los tres niveles de gobierno para instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias, entre las que sobresale la implementación del programa de acciones estratégicas de cumplimiento y sus características; los criterios para levantar la Alerta en los estados y municipios que logren modificar las condiciones extraordinarias sobre las cuales se establece la AVGM. El 17 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) , así como los Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del SNPASEVM , aun cuando en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se previó que el Reglamento del SNPASEVM se debía publicar a los 90 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto de la ley en 2007. En la actualidad, la Comisión de Prevención de la Violencia contra las Mujeres es presidida por la Secretaría de Educación Pública. El Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de secretaría técnica del SNPASEVM, ofrece en su página web una compilación de los Modelos empleados por la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de prevención, atención y sanción de la VCM , el cual es un sistema de información integral, automatizado y público. En términos de los modelos/instrumentos de prevención que han sido elaborados durante la actual administración (2019-2022), destacan los siguientes: La "Ruta para la atención y protección de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años y sus hijas e hijos" (Ruta NAME, 2019) diseñada, en el marco de la ENAPEA, para incidir en algunas de las causalidades del embarazo en adolescentes y niñas menores de 15 años (mayormente relacionado con el abuso sexual, el matrimonio infantil y las uniones forzadas), considerando las diversas puertas de entrada desde las que se puede detectar y las ventanas de atención existentes; asimismo, se diseñó una guía práctica (2020) para la implementación local de la Ruta. Esta ruta considera que al tener contacto/detectar a una niña y/o adolescente embarazada, entre otras acciones, se le debe referir a unidades de salud quienes deberán brindarle una atención de urgencia, incluido el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De acuerdo con los informes trimestrales del SIPINNA, la ruta se ha presentado en las 32 entidades federativas, a través de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEAS), a fin de lograr su territorialización y se ubican 10 estados prioritarios para su implementación. Si bien, en octubre de 2019, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a través de su Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se comprometió a la implementación de la Ruta , a la fecha sólo hay evidencia de la institucionalización de dicho mecanismo en el estado de Hidalgo. Si bien, la ruta considera un Sistema Informático para el registro y monitoreo de la atención a las niñas y adolescentes, de acuerdo con fuentes oficiales, únicamente Hidalgo ha desarrollado una herramienta informática (SIN-NAME ) que permite registrar y generar las alertas relativas a los avances en la atención, garantía de derechos y protección de la población objetivo; dicho sistema es de acceso restringido, esto es, sólo para funcionariado público. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron un nuevo Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, el cual entró en vigor el 17 de febrero de 2020. Dicho instrumento contempla acciones para la implementación efectiva de procedimientos y medidas específicas para prevenir, atender y sancionar el HyAS en las dependencias y entidades de la administración pública federal; busca promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia mediante las acciones específicas; brinda acompañamiento y define mecanismos para orientar y proteger a la presunta víctima; puntualiza que, al realizar las denuncias por acoso y hostigamiento sexual, el nombre de la presunta víctima es totalmente confidencial; y, se establece que la totalidad del personal de la administración pública federal reciba al menos una sesión anual sobre el tema. El Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2021) a fin de promover e implementar estrategias orientadas hacia la transformación de los patrones socioculturales, de forma coordinada entre el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales a fin de reducir los factores de riesgo que generan actos de violencia contra las mujeres en los tipos y modalidades descritos en la Ley General de Acceso. Las estrategias del modelo se enmarcan en las acciones del Sistema Nacional o de los Sistemas Estatales, en especial a las acciones de la(s) Comisión(es) de Prevención. Además, el modelo actúa en tres niveles en los que se manifiestan las relaciones sociales: a nivel interpersonal, comunitario y estructura. En el mes de marzo de 2021, el INMUJERES, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y SEGOB, desarrollaron y presentaron las Directrices para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en las instituciones de educación superior. Estas directrices tienen por objeto proporcionar los ejes principales a considerar en la elaboración e implementación de los mecanismos de prevención, atención, sanción del hostigamiento y acoso sexual en los centros educativos de educación superior. Implementación A partir de 2020, los recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres (FOBAM), coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres y dirigido a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, otorga recursos para contribuir a las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA). De este modo, los proyectos estatales se dirigen a las dos metas principales de la Estrategia nacional: erradicar el embarazo infantil y prevenir el embarazo en la adolescencia. De acuerdo con sus bases de participación, las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) deben realizar sus proyectos en el seno de los GEPEA y coordinarse con, al menos, dos instancias del Grupo, siendo una de ellas alguna organización de la sociedad civil participante del Grupo. En este marco, los proyectos deben considerar 5 metas genéricas, siendo una de ellas (M.3) “impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente”; y actividades sobre capacitación en la Ruta NAME, difusión de la NOM-046, reproducción de materiales sobre la Norma, etc. Para 2022 se apoyaron proyectos de las 32 IMEF, con donativos que van de los 2.2 a los 3.6 mdp. Es importante mencionar que hasta 2019 este fondo se llamaba PROEQUIDAD y entregaba recursos directamente a las organizaciones de la sociedad civil para efecto de implementar proyectos dirigidos a combatir la discriminación, la desigualdad y la violencia de género; sin embargo, la política del gobierno actual es no asignar presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o movimiento ciudadano. Por lo anterior, actualmente las IMEF, en el marco del desarrollo de los proyectos apoyados por el FOBAM, pueden “contratar” a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para apoyar la coordinación e implementación de las iniciativas. Por otra parte, existe participación de mujeres expertas independientes en el marco del Comité dictaminador de los proyectos. Asimismo, las bases de participación de la convocatoria del FOBAM establecen que, se requiere que las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), establezcan mecanismos de participación ciudadana, mediante la operación de observatorios o algún instrumento homólogo para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las acciones comprometidas en los proyectos beneficiados por el fondo; así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. Como parte de las acciones de prevención es preciso mencionar al Pp010 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, a cargo de INMUJERES, el cual contribuye a la implementación de la Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres; se trata de un subsidio otorgado a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México, para que desarrollen proyectos en tres posibles modalidades: incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal; incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México; e incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo con sus reglas de operación, el programa se alinea con los 6 objetivos prioritarios del PROIGUALDAD, y de entre las metas que se puede considerar contribuyen a prevenir la VCM sobresalen: potenciar el autocuidado de las mujeres en el ámbito comunitario, promover el empoderamiento económico de las mujeres, reconocer e impulsar buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y construcción de paz con perspectiva de género, impulsar el acceso de las mujeres a la educación básica, promover la modificación del marco normativo y/o programático en materia de igualdad, fortalecer las capacidades técnicas del funcionariado público y de las IMM, etcétera. De acuerdo con la cuenta pública los recursos otorgados a este programa, en los últimos cuatro años, han sido los siguientes: 358mdp en 2019, 365mdp en 2020, 365.3mdp en 2021 y 372.2mdp en 2022. Este programa también considera la figura de contralorías sociales para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en los proyectos inscritos. Asimismo, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF) a cargo de la Secretaría de Bienestar, permanece en operación a fin de empoderar a las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). De las tres vertientes que considera esta iniciativa, dos se concentran en el trabajo directo con mujeres, y una de ellas está enfocada en la prevención de las violencias contra las mujeres, de acuerdo con las Reglas de Operación 2022 , las IMEF pueden llevar a cabo acciones de información, difusión, promoción, y sensibilización sobre temáticas que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres y contra NNA, así procesos de formación y alianzas estratégicas para combatir la citada problemática. Los recursos con lo que ha contado de 2019 a 2022 ascienden a 1,123.5 mdp; para 2023 el PEF prevé 305 mdp para el citado programa; como otras de las iniciativas, también posee la figura de contraloría social para la fiscalización del subsidio. Por otra parte, algunas de las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en estados y municipios que forma parte del PpE015, pueden considerarse como acciones a nivel de la prevención de la VCM ; y es que, si bien la Alerta es un mecanismo de emergencia, la evaluación de su implementación realizada con apoyo del Programa de Cooperación para América Latina de la Unión Europea (EUROSOCIAL+), ha señalado que es más un instrumento destinado a generar políticas públicas generales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Lo anterior se refrenda con el tipo de acciones propuestas por los Grupos conformados en cada entidad y por las acciones que las entidades federativas implementan para atender las recomendaciones; de esta manera, sobresalen como acciones para implementar: la capacitación a servidoras(es) públicos; la elaboración de protocolos de actuación; el seguimiento a la aplicación de la NOM-046-SSA2 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres; el fortalecimiento a las instituciones que brindan atención a las mujeres; creación de albergues, refugios y/o Centros de Justicia para las Mujeres; programas de prevención y atención a la violencia; etc. Es importante mencionar que el mecanismo de la AVGM considera la participación de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las solicitantes, así como personas e instituciones que se consideren especialistas en derechos humanos de las mujeres, a través de la conformación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (SAVGM). De acuerdo con un informe sobre avances de la alerta de violencia de género, emitido por la CONAVIM, durante el periodo 2020-2021, alrededor de 246 personas representantes de las instituciones, academia y organizaciones de la sociedad civil habían participado en las sesiones de los Grupos. Durante 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) iniciaron la implementación de la estrategia Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), la cual busca que las mujeres participen en iniciativas locales de prevención de la violencia de género y que logren diálogos en la comunidad y con las autoridades más cercanas, para incidir en la construcción de políticas públicas relacionadas con la prevención de la violencia, la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de la seguridad, la recuperación de espacios públicos, así como su mejoramiento y el establecimiento de nuevas formas de habitarlo. Conforme al tercer informe anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (abril, 2022) se sabe que, durante el ejercicio fiscal 2021 se crearon 256 Redes MUCPAZ en 121 municipios de 12 entidades federativas con un total de 5 mil 628 mujeres integrantes. De acuerdo con información de INMUJERES, esta estrategia, durante el período 2019-2020, tuvo una inversión total de $123 millones 590 mil 899 pesos a través de proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana provenientes del subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) , particularmente de los proyectos denominados Prevención de la Violencia Familiar y de Género; sin embargo, el FORTASEG dejó de existir como subsidio a partir de 2021, por lo que se desconoce con qué recursos operan las Redes MUCPAZ. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en el marco del Programa de Derechos Indígenas, continúa apoyando el proyecto Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana , espacios donde las mujeres de las propias comunidades brindan atención y apoyo, con pertenencia cultural, lingüística y perspectiva de género en materia de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva. Acciones de capacitación y formación Se sabe que las acciones de capacitación sobre el tema de la VCM es pieza clave en el marco de las acciones de prevención de esta problemática; bajo esta lógica, con base en lo expuesto en el Informe de avances del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) se sabe que, durante el período 2020-2021: • El INMUJERES certificó a 683 personas (514 mujeres y 169 hombres), en estándares y competencias sobre capacitación a servidoras y servidores públicos en enfoque de igualdad entre mujeres y hombres; coordinación de refugios para mujeres víctimas de violencia; orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia; atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia y atención a presuntas víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual. • La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) realizó diversas acciones en la materia dirigidas a policías, tales como: el Curso de especialización en la intervención de delitos de violencia de género que involucran a niñas, niños, adolescentes y mujeres en el ámbito familiar; el Taller virtual sobre “Prevención de la Trata de Personas”; el Diplomado en línea “Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”; el “Programa de sensibilización y capacitación para la prevención especial de la violencia y el delito”, entre otros. • La Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró los contenidos del curso de capacitación en línea sobre Educación Integral en Sexualidad para Comunidades Educativas, para fortalecimiento del personal docente sobre derechos sexuales y reproductivos. • La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) promovió la capacitación del personal a través de servicios en línea que ofrecen instituciones como INMUJERES, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), FGR y ONU-Mujeres, entre otras. Asimismo, realizó 51 cursos dirigidos al personal del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) sobre: Ley General de Víctimas; Modelo Integral de Atención a Víctimas; ABC del acompañamiento a víctimas; reparación integral del daño; Atención a víctimas con perspectiva de género y nuevas masculinidades. • La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció cursos de capacitación en argumentación jurídica con perspectiva de género, que fueron dirigidos a agentes del ministerio público, auxiliares ministeriales y personal pericial. • La Secretaría de Bienestar realizó capacitaciones dirigidas a su personal para incidir en la modificación de normas sociales y culturales para prevenir y erradicar el abuso y la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes. No obstante, una de las grandes carencias sigue siendo contar con información que haga posible identificar la efectividad de las capacitaciones brindadas al funcionariado público; esto es, evaluaciones en el nivel de comprensión de los temas incluidos en las capacitaciones recibidas, el cambio de comportamiento de las personas que participaron en las capacitaciones, así como el impacto de la capacitación en las aptitudes y habilidades relativas al trato con las mujeres, niñas y adolescentes que acuden a los servicios. Materiales de difusión e información En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2020) lanzó la campaña “Yo exijo respeto”, dirigida a la prevención, identificación y denuncia de la violencia sexual en niñas y adolescentes, y a concientizar sobre la responsabilidad de madres, padres, docentes y cuidadores sobre la violencia sexual a niñas y adolescentes. INMUJERES y la CONAVIM colaboraron con ONU Mujeres México en el desarrollo del manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México (2021) herramienta de apoyo para los medios de comunicación, equipos editoriales, de investigación y reporteo en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. En el marco del proyecto “Escuela de Fortalecimiento al Liderazgo Adolescente” (EFLA), que INMUJERES impulsa conjuntamente con UNICEF México, se publicó en febrero del 2022 el manual “Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes, una implementación exitosa”, creado para acompañar a facilitadoras, talleristas y socias implementadoras de la EFLA, siendo la prevención de la violencia uno de los temas centrales. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) actualizó (2022) la Cartilla de Prevención de Delitos en Materia de Trata de Personas en armonía con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el objetivo de difundir la importancia de prevenir la comisión de esta violación a los derechos humanos. Lo anterior, en reconocimiento de que, en México, ocho de cada 10 víctimas de trata son mujeres y niñas. Es pertinente mencionar que, más allá de declaraciones de intención, no fue posible ubicar acciones articuladas por parte de las instituciones para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en situación de migración irregular, mujeres con discapacidad, mujeres refugiadas, mujeres lesbianas, mujeres adultas mayores, mujeres trans.
¿Qué falta para garantizar el cumplimiento de la recomendación?
Political Will
Recursos
• Fortalecimiento de acciones específicas de prevención de las violencias (familiar, en la comunidad, política, digital y mediática, así como laboral y docente) dirigidas específicamente a las mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes, solicitantes de refugio, con discapacidad, adultas mayores, lesbianas, trans, al ser quienes históricamente han enfrentado mayores desventajas y discriminación. • Retomar la relación con las organizaciones de la sociedad civil, en un marco de corresponsabilidad y no como “prestadoras de servicios” para efecto de fortalecer la política de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. • Revisar y ajustar los planes y programas de estudio, además de la currícula escolar, para incluir con mayor profundidad el tema de igualdad de género y el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencias. • Evaluar el impacto de las acciones de capacitación dirigidas al funcionariado público en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a fin de conocer el nivel de comprensión de los temas incluidos en las capacitaciones recibidas, el cambio de comportamiento de las personas que participaron en las capacitaciones, así como el impacto de la capacitación en las aptitudes y habilidades relativas al trato con las mujeres, niñas y adolescentes que acuden a los servicios; y, en función de lo anterior, realizar las modificaciones que resulten pertinentes.
Relación con el Consenso de Montevideo
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