Monitoreo EPU
México
Recomendacion de Australia a México
Ejes temáticos
Violencia Contra las Mujeres
Marcos
Implementación
Legal
Operativo
Programático
Muestra fuerte avance de implementación
132.37. Aplicar integralmente las medidas destinadas a prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (Australia);
Evaluación
El Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de junio de 2020, constituye el instrumento creado para alcanzar el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos como elemento esencial del Estado de Derecho; así como garantizar la gobernabilidad con los tres órdenes de gobierno; y cuya coordinación recae en la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En el marco de su objetivo 3 orientado a garantizar, promover y proteger los Derecho Humanos mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos humanos, pretende llevar a cabo acciones para fortalecer las capacidades y ampliar el conocimiento del entramado gubernamental encargado de la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, a fin de prestar servicios de calidad, oportunos y se agilice el acceso a la justicia de las mujeres y niñas violentadas. Bajo este entendimiento, plantea como una de sus estrategias prioritarias (3.3) garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la construcción de medidas que modifiquen los estereotipos y conductas que atentan contra la vida y la dignidad, así como asegurar su acceso a la justicia; en este marco, plantea promover mecanismos intersectoriales de prevención de la violencia en poblaciones de mujeres en situación de discriminación haciendo mención explícita de las mujeres lesbianas, mujeres trans, bisexuales e intersexuales.
Por su parte, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, publicado el 10 de diciembre de 2020, se compone de cinco objetivos prioritarios. Al margen de su objetivo 3 (impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados) se establece como estrategia prioritaria (3.3) eliminar los prejuicios y las prácticas discriminatorias para garantizar los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ y, en esta lógica, como acciones puntuales planeta (3.3.2) diseñar e implementar programas para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de discriminación o violencia por su orientación sexual o por su identidad o expresión de género, en los ámbitos educativo, de salud, cultural y deportivo; (3.3.4) diseñar políticas públicas orientadas a la prevención, atención, sanción y reparación a víctimas de la violencia y/o de crímenes de odio cometidos en contra de personas LGBTTTIQ; así como, (3.3.5) impulsar acciones para erradicar la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad - en los medios de comunicación públicos y privados. Por otra parte, este instrumento se refiere a la violencia contra las mujeres a lo largo de los objetivos prioritarios que lo componen; así, se le ubica como una violación a los derechos humanos y se colocan acciones que tiene que ver con servicios de atención y denuncia para las víctimas; armonización de la legislación en materia de feminicidio y violencia de género conforma a los estándares nacionales e internacionales; generar mecanismos de coordinación que permitan garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de las victimas (directas e indirectas) de feminicidio; consolidar y fortalecer el mecanismo de la AVGM;
establecer mecanismos institucionales en los tres órdenes de gobierno que permitan la instrumentación de medidas efectivas para la prevención y atención de la violencia feminicida; fortalecer el BANAVIM; capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y no discriminación, para prevenir y erradicar la violencia obstétrica; capacitar a las personas servidoras públicas de la APF sobre acciones para prevenir y erradicar la violencia de género en los espacios de trabajo.
Durante la presente administración el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), expresa haberse elaborado bajo la perspectiva de género y de derechos humanos, incorporando los enfoques interseccional y multicultural, asimismo, en varias de sus estrategias prioritarias se refiere a las mujeres en su diversidad. Este programa, en el marco de su objetivo prioritario 4, busca combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, son únicamente dos las estrategias prioritarias donde se mención explícitamente a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
Por otra parte, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM) 2019-2024, propone cuatro objetivos prioritarios en la materia que atiende: disminuir las violencias contra las mujeres, mediante la implementación de medidas preventivas de los factores de riesgo; promover servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e intercultural para mujeres víctimas de la violencia; fomentar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género para asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición, con las instancias competentes a nivel nacional; impulsar acciones de coordinación que permitan institucionalizar en el Estado Mexicano la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este instrumento menciona la importancia de entender el contexto de las [.....] lesbianas, personas transgénero para impulsar una manera diferente de construir estrategias que va desde un modelo de acompañamiento jurídico sustentado en el reconocimiento de estas diferencias y diversidades, hasta un sistema de procuración y administración de justicia que incorporen todas las diversidades. No obstante, las estrategias del instrumento parecen ser ajenas al entendimiento de que las violencias contra las mujeres lesbianas, bisexuales y trans esta asociada a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denominado violencia por prejuicio, esto es, aquellas que está basada en la percepción de la orientación sexual o identidad de género de las personas. Corresponde a la CONAVIM, como conductora de la política, verificar el cumplimiento del PIPASEVM.
El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAID) 2021-2024, publicado en el DOF el 14 de diciembre de 2021, es el instrumento de la política nacional antidiscriminatoria, cuyos seis objetivos buscan la intervención articulada e integral, desde las atribuciones del gobierno federal, para desmontar distintas prácticas discriminatorias institucionalizadas en los ámbitos de la salud, educativo, laboral, en la seguridad social, en la seguridad y acceso a la justicia, así como articular la política nacional contra la discriminación y por la igualdad de todas las personas. De manera particular, entendiendo la discriminación como una forma de violencia, en materia de prevención y sanción de dicha problemática contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, destaca la consideración de acciones para (1.1.3) promover normatividad que prohíba los llamados “esfuerzos para corregir la orientación sexual, la identidad y la expresión de género en el sistema nacional de salud”; (1.1.4) promover normatividad que limite los procedimientos quirúrgicos de neonatos, niñas, niños intersexuales y/o con variación en la diferenciación sexual, con excepción de los casos donde se encuentre en riesgo la vida o la funcionalidad de las personas, con la finalidad de garantizar sus derechos sin discriminación; (2.2.2) fortalecer los mecanismos de denuncia y sanción del acoso escolar, con especial atención en el relacionado con la [...] orientación sexual, identidad y expresión de género; (2.3.4) implementar modelos para la prevención y atención del acoso escolar motivado por [...] orientación sexual e identidad y expresión de género; (6.4.3) impulsar campañas accesibles y otros materiales comunicativos con enfoque diferenciado para prevenir y combatir [...]la homo-lesbo-transfobia y otras formas de discriminación.
Durante los últimos cuatro años, en el marco del combate a la violencia contra las mujeres y las niñas destaca la elaboración de los siguientes instrumentos (protocolos/modelos/estrategias):
• La "Ruta para la atención y protección de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años y sus hijas e hijos", elaborada en 2019 como parte de los trabajos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA).
• Protocolo Nacional de actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC, 2020) instrumento que busca dotar a los cuerpos policiales de un procedimiento idóneo y efectivo que garantice una respuesta adecuada ante la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito familiar.
• Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF, 2020) elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SN-DIF); la intención de este instrumento es garantizar el acceso a la justicia a NNA a través de la prestación de servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención por parte de las instituciones que tienen ese mandato legal.
• La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), publicada en marzo de 2020, es resultado del trabajo de la Comisión para la Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), tiene por objetivo garantizar a niñas y niños (NN) menores de 6 años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia. La Ruta Integral de Atenciones (RIA), presentada en agosto de 2021, es el marco integrador del conjunto de 29 servicios e intervenciones públicas propuestas por la Estrategia; de manera particular, entre las atenciones en materia de protección que la RIA considera sobresale identificar, prevenir y atender de manera temprana signos de violencia y maltrato; físico, psicológico, negligencia, abandono y/o abuso sexual.
• La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron un nuevo Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, el cual entró en vigor el 17 de febrero de 2020. Dicho instrumento contempla acciones para la implementación efectiva de procedimientos y medidas específicas para prevenir, atender y sancionar el HyAS en las dependencias y entidades de la administración pública federal.
• El Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo (marzo de 2020), elaborado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el cual busca establecer las acciones para la implementación de procedimientos para prevenir, atender y erradicar los casos de violencia laboral derivados del vínculo de relación laboral en los centros de trabajo, incluyendo el acoso laboral, el hostigamiento sexual y el acoso sexual.
• El Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, publicado en el DOF en mayo de 2021, representa un instrumento que busca garantizar la protección inmediata de niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier forma de violencia directa e indirecta, mediante un trabajo de coordinación interinstitucional, en los tres órdenes de gobierno.
• El Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2021) a fin de promover e implementar estrategias orientadas hacia la transformación de los patrones socioculturales, de forma coordinada entre el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales a fin de reducir los factores de riesgo que generan actos de violencia contra las mujeres en los tipos y modalidades descritos en la Ley General de Acceso.
• En el mes de marzo de 2021, el INMUJERES, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y SEGOB, desarrollaron y presentaron las Directrices para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en las instituciones de educación superior.
• En julio de 2021 se publicó el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), herramienta que busca coordinar y establecer una base regular y homogénea en el país en cuanto a la búsqueda de NNA en México. El protocolo incluye enfoques de derechos humanos, género y pedagogía, de acuerdo con los estándares internacionales.
Como parte de la prevención y sanción de la violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, es posible mencionar:
• El documento Recursos contra la Discriminación y la Violencia por Orientación Sexual, Identidad o expresión de Género, desarrollado por el CNEGSR y CONAPRED durante la pandemia por COVID 19; el referido insumo sintetiza las principales medidas de observancia general que las instituciones de salud deben implementar para una atención sin discriminación; las vías de denuncia a las que las personas LGBT pueden recurrir en caso de enfrentar discriminación o violencia, o requerir apoyo emocional; y, los servicios emergentes que diversas organizaciones ciudadanas en el país habilitaron en apoyo a dicha población.
Implementación
Destacan los siguientes programas presupuestarios que contribuyen a prevenir y atender la violencia contra las mujeres (VCM):
• El PpU12 Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres, a cargo de la CONAVIM, cuyo objetivo es apoyar la creación y el funcionamiento de Refugios especializados a cargo de organizaciones de la sociedad civil o entes públicos, como mecanismos seguros para salvaguardar la vida y la dignidad de estas mujeres, así como de sus hijas e hijos bajo su cuidado. En estos espacios se ofrecen servicios gratuitos, especializados y confidenciales desde los ámbitos psicológico, médico, legal y educativo para asesorar y atender a las mujeres que han sufrido violencia por razones de género en sus hogares o en otros espacios; además, se otorga capacitación laboral, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, y son espacios seguros que funcionan las 24 horas de los 365 días del año. El número de refugios y centros de atención externa favorecidos con recursos en los últimos tres años es el siguiente: 106 en 2020, 100 en 2021 y 98 en 2022.
• Asimismo, permanece el subsidio proveniente del programa presupuestario PpE015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las Mujeres, destinado a la Creación y el Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en estados y municipios. La CONAVIM informa que, a la fecha, existen 60 Centros de Justicia para las Mujeres, 14 de ellos han sido construidos durante el actual gobierno. El presupuesto que se ha asignado desde el PpE015, para la creación o fortalecimiento de los CJM en los últimos cuatro años (2019-2022) ha sido de 413.8 mdp. No obstante, vale la pena mencionar que esta iniciativa también recibe recursos estatales para su operación. Conforme al informe realizado por el INEGI (2022) sobre la operación de los Centros, se sabe que la orientación sexual si se considera como una categoría para la generación de estadísticas sobre las mujeres usuarias en condición de vulnerabilidad que solicitaron ser atendidas, sin embargo, se les engloba dentro de la categoría “mujeres LGBTTT” lo cual impide identificar si se trata de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, etc.
• En lo que respecta a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en estados y municipios, hasta noviembre de 2022 se reportaron un total de 32 procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 25 entidades federativas, de los cuales 25 son declaratorias y ocho son solicitudes . Las 25 declaratorias se han emitido para 22 entidades federativas, la mayoría por violencia feminicida. Destaca que Estado de México, Guerrero y Veracruz cuentan con dos declaratorias de AVGM, siendo que Guerrero y Veracruz tienen alerta por agravio comparado y el Estado de México una por desaparición. Las declaratorias emitidas durante el periodo 2019-2022, han sido en los siguientes estados: Baja California (2021), Chihuahua (2021), Estado de México (2019), Guerrero (2020), Puebla (2019), Sonora (2021) y Tlaxcala (2021). El subsidio para las acciones de coadyuvancia, en los últimos cuatro años ha sido de 430 mdp. A este respecto, conviene subrayar que, además de este subsidio, el financiamiento de las medidas propuestas en el marco de la AVGM debe provenir de los fondos propios de las entidades federativas y de los municipios, suponiendo una restructuración y redistribución de sus presupuestos.
• El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF) a cargo de la Secretaría de Bienestar, permanece en operación a fin de empoderar a las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). De las tres vertientes que considera esta iniciativa, dos se concentran en el trabajo directo con mujeres, y una de ellas está enfocada en la prevención de las violencias contra las mujeres, de acuerdo con las Reglas de Operación 2022 , las IMEF pueden llevar a cabo acciones de información, difusión, promoción, y sensibilización sobre temáticas que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres y contra NNA, así procesos de formación y alianzas estratégicas para combatir la citada problemática. Los recursos con lo que ha contado de 2019 a 2022 ascienden a 1,123.5 mdp; para 2023 el PEF prevé 305 mdp para el citado programa.
• A partir de 2020, los recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres (FOBAM), coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres y dirigido a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, otorga recursos para contribuir a las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA). De este modo, los proyectos estatales se dirigen a las dos metas principales de la Estrategia nacional: erradicar el embarazo infantil y prevenir el embarazo en la adolescencia. En este marco, los proyectos deben considerar 5 metas genéricas, siendo una de ellas (M.3) “impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente”; y actividades sobre capacitación en la Ruta NAME, difusión de la NOM-046, reproducción de materiales sobre la Norma, etc. Para 2022 se apoyaron proyectos de las 32 IMEF, con donativos que van de los 2.2 a los 3.6 mdp.
• Como parte de las acciones de prevención es preciso mencionar al Pp010 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, a cargo de INMUJERES, se trata de un subsidio otorgado a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México, para que desarrollen proyectos en tres posibles modalidades: incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal; incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México; e incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo con sus reglas de operación, el programa se alinea con los 6 objetivos prioritarios del PROIGUALDAD, y de entre las metas que se puede considerar contribuyen a prevenir la VCM sobresalen: potenciar el autocuidado de las mujeres en el ámbito comunitario, promover el empoderamiento económico de las mujeres, reconocer e impulsar buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y construcción de paz con perspectiva de género, impulsar el acceso de las mujeres a la educación básica, promover la modificación del marco normativo y/o programático en materia de igualdad, fortalecer las capacidades técnicas del funcionariado público y de las IMM, etcétera. De acuerdo con la cuenta pública los recursos otorgados a este programa, en los últimos cuatro años, han sido los siguientes: 358mdp en 2019, 365mdp en 2020, 365.3mdp en 2021 y 372.2mdp en 2022.
Asimismo, es posible mencionar las siguientes acciones en materia de prevención y atención de la VCM:
• Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), impulsadas a partir de 2019 por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), buscan la participación de las mujeres en iniciativas locales de prevención de la violencia de género y que logren diálogos en la comunidad y con las autoridades más cercanas, para incidir en la construcción de políticas públicas relacionadas con la prevención de la violencia, la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de la seguridad, la recuperación de espacios públicos, así como su mejoramiento y el establecimiento de nuevas formas de habitarlo. Conforme al tercer informe anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (abril, 2022) se sabe que, durante el ejercicio fiscal 2021 se crearon 256 Redes MUCPAZ en 121 municipios de 12 entidades federativas con un total de 5 mil 628 mujeres integrantes. De acuerdo con información de INMUJERES, esta estrategia, durante el período 2019-2020, tuvo una inversión total de $123 millones 590 mil 899 pesos a través de proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana provenientes del subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) , particularmente de los proyectos denominados Prevención de la Violencia Familiar y de Género; sin embargo, el FORTASEG dejó de existir como subsidio a partir de 2021, por lo que se desconoce con qué recursos operan las Redes MUCPAZ.
• En marzo de 2021, inició la estrategia para la creación y operación de las unidades especializadas de policías de género con el objetivo de impulsar la creación de células de reacción inmediata especializadas en la actuación policial eficiente y profesional en la prevención, detección, identificación, intervención, atención y protección de los casos de violencia contra las mujeres en los municipios con alerta de violencia de género, así como en los 106 municipios de mayor incidencia en delitos de homicidio y feminicidio. De acuerdo con el tercer informe anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (abril, 2022), en diciembre de 2021 se capacitó a 37 elementos de seguridad pública (21 mujeres/ 16 hombres) en el Taller para la implementación de Unidades de Policías Municipales Especializadas de Género, quienes fungirán como replicadoras(es) en las corporaciones de 16 municipios prioritarios.
• Acciones de capacitación y formación . INMUJERES certificó a 683 personas (514 mujeres y 169 hombres), en estándares y competencias sobre capacitación a servidoras y servidores públicos en enfoque de igualdad entre mujeres y hombres; coordinación de refugios para mujeres víctimas de violencia; orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia; atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia y atención a presuntas víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) realizó diversas acciones en la materia dirigidas a policías, tales como: el Curso de especialización en la intervención de delitos de violencia de género que involucran a niñas, niños, adolescentes y mujeres en el ámbito familiar; el Taller virtual sobre “Prevención de la Trata de Personas”; el Diplomado en línea “Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”; el “Programa de sensibilización y capacitación para la prevención especial de la violencia y el delito”, entre otros. La Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró los contenidos del curso de capacitación en línea sobre Educación Integral en Sexualidad para Comunidades Educativas, para fortalecimiento del personal docente sobre derechos sexuales y reproductivos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) promovió la capacitación del personal a través de servicios en línea que ofrecen instituciones como INMUJERES, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), FGR y ONU-Mujeres, entre otras. Asimismo, realizó 51 cursos dirigidos al personal del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) sobre: Ley General de Víctimas; Modelo Integral de Atención a Víctimas; ABC del acompañamiento a víctimas; reparación integral del daño; Atención a víctimas con perspectiva de género y nuevas masculinidades. La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció cursos de capacitación en argumentación jurídica con perspectiva de género, que fueron dirigidos a agentes del ministerio público, auxiliares ministeriales y personal pericial. La Secretaría de Bienestar reporta capacitaciones dirigidas a su personal para incidir en la modificación de normas sociales y culturales para prevenir y erradicar el abuso y la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, es posible mencionar actividades de difusión e información dirigidos a la población en aras de concientizar/sensibilizar acerca de la violencia contra las mujeres:
• En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2020) lanzó la campaña “Yo exijo respeto”, dirigida a la prevención, identificación y denuncia de la violencia sexual en niñas y adolescentes, y a concientizar sobre la responsabilidad de madres, padres, docentes y cuidadores sobre la violencia sexual a niñas y adolescentes.
• CONAVIM e INMUJERES, con apoyo de la iniciativa Spotlight, implementaron la campaña #NoEstásSola, en contra de la violencia hacia las mujeres en el hogar, en el marco de las acciones emergentes en la materia en tiempos de la pandemia por COVID 19, cuyo objetivo fue hacerle saber a las mujeres víctimas de violencia la existencia de instituciones y organizaciones para brindarles atención, mantenerlas a salvo y garantizar su seguridad.
• INMUJERES y la CONAVIM colaboraron con ONU Mujeres México en el desarrollo del manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México (2021) herramienta de apoyo para los medios de comunicación, equipos editoriales, de investigación y reporteo en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
• En el marco del proyecto “Escuela de Fortalecimiento al Liderazgo Adolescente” (EFLA), que INMUJERES impulsa conjuntamente con UNICEF México, se publicó en febrero del 2022 el manual “Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes, una implementación exitosa”, creado para acompañar a facilitadoras, talleristas y socias implementadoras de la EFLA, siendo la prevención de la violencia uno de los temas centrales.
• La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) actualizó (2022) la Cartilla de Prevención de Delitos en Materia de Trata de Personas en armonía con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el objetivo de difundir la importancia de prevenir la comisión de esta violación a los derechos humanos. El documento considera a la identidad y expresión de género, así como a la orientación sexual, como elementos indispensables a tomar en cuenta para la facilitar medidas de asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas de manera adecuada.
Continúan en operación los Servicios Especializados de Atención a la Violencia en unidades médicas del sector salud; se trata de servicios que brindan apoyo psicoemocional a víctimas de violencia y atención a lesiones provocadas por la violencia; así mismo, se provee profilaxis para prevenir infecciones de trasmisión sexual y, en caso de embarazo producto de una violación sexual, se realiza una referencia oportuna a los servicios de aborto seguro. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) reporta que, actualmente, se cuenta con 508 servicios en el país, los cuales pueden ser consultados a través de un mapa interactivo
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en el marco del Programa de Derechos Indígenas, continúa apoyando el proyecto Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, espacios donde las mujeres de las propias comunidades brindan atención y apoyo, con pertenencia cultural, lingüística y perspectiva de género en materia de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva. A la fecha se reporta la existencia de 35 Casas de la Mujer indígena en 17 entidades federativas: Baja California, Chiapas , Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán
El número 911 sigue funcionando para recibir llamadas y atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia, como lo son: abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Conforme a la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo enero-octubre 2022, se recibieron un total de 12, 733,873 llamadas, de éstas 4% se refirió a un incidente de violencia familiar.
En términos de la prevención y atención de la violencia contra las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans, existen muy pocas acciones que les benefician de manera específica, en su mayoría corresponden con la política de igualdad y no discriminación, conducida por el CONAPRED. En este sentido, el Consejo reporta en sus informes anuales (2019, 2020, 2021) la realización de cursos, conversatorios, seminarios, boletines de prensa, exhortos a medios de comunicación para evitar la reproducción de prejuicios y estereotipos contra la comunidad LGBTIQ+ y la apertura de expedientes de queja por motivos de discriminación, entre las acciones más relevantes.
Asimismo, el informe (2021) de avances y resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos da cuenta de las actividades realizadas para eliminar los prejuicios y las prácticas discriminatorias y garantizar los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ, en este sentido, se informa que:
• CONAPRED ofreció dos aperturas del curso “Pautas para un Lenguaje Incluyente y sin Discriminación en la Docencia”, a través de la Plataforma México X de la Secretaría de Educación Pública, concluyendo satisfactoriamente 15,274 personas. En octubre de 2021, el CONAPRED brindó una capacitación en línea a personas relacionadas con actividades de prensa y medios de comunicación, con la finalidad de contribuir a erradicar la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, se comenta la elaboración de la Guía para la atención del acoso escolar asociado a la discriminación en el nivel básico, sin embargo, este material no se encontró de manera pública.
• La SEP diseñó e implementó el uso de materiales educativos que contienen las acciones formativas de carácter vivencial que se trabajan con el alumnado y con sus familias, en los cuales se promueven entre el alumnado la aceptación de las diferencias y a interactuar sin violencia .
• La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA) reporta durante 2021 haber realizado el conversatorio sobre niñez y adolescencias de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), con el objetivo de enfatizar que este grupo de la población es de los más invisibilizados y discriminados, al enfrentar desafíos enormes para la garantía de sus derechos como el derecho a la identidad, al desarrollo libre de la personalidad, a la salud, a la educación y a vivir libres de violencia.
Rendición de cuentas
Para efecto de conocer la prevalencia de la violencia contra las mujeres, considerando sus distintos tipos y modalidades, México cuenta con (al menos) 3 sistemas:
• El Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), como resultado de la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), herramienta de acceso público, que contiene un amplio conjunto de indicadores (283) sobre violencia contra las mujeres. Este sistema puede ser consultado en: https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/tablero.jsf
• El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), principal instrumento de información de la política, tiene por objeto recabar datos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de todo el país, para lo cual se interconecta con los Bancos Estatales que se alimentan de los casos que son registrados por las dependencias que atienden víctimas de violencia en cada entidad federativa; desafortunadamente el registro de los casos no es uniforme, ya que no todas las dependencias cumplen con la adecuada alimentación de las bases de datos de los bancos estatales. Este sistema es de acceso restringido. https://banavim.segob.gob.mx/
• El SIS Proigualdad es un sistema de indicadores diseñado por el INMUJERES para concentrar en un mismo espacio todos los indicadores pertinentes para el seguimiento del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD), instrumento marco que define la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres. https://sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/public/index.html
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica información mensual sobre violencia contra las mujeres: incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911. https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
También vale la pena destacar la publicación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), por parte del INEGI, cuyo objetivo es generar información estadística con representatividad nacional y para cada una de las 32 entidades federativas y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más (a lo largo de su vida y en los últimos 12 meses) por tipo (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) y ámbito de ocurrencia (escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja). Además, provee información sobre la violencia que experimentan mujeres pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad (como mujeres indígenas, con discapacidad y de 60 años y más), violencia experimentada durante la infancia y violencia obstétrica. La edición 2021 mejora la captación en el apartado de búsqueda de apoyo y denuncia, violencia digital, la opinión sobre roles de género y tensiones y conflictos en la vida en pareja, entre otros.
En México se han hecho esfuerzos para conocer las opiniones, expresiones, la magnitud, las características y experiencias de discriminación y violencia de la población con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, como la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG 2019, 2021), la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG, 2018), y la propia Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2017).
Sin embargo, a la fecha es tema pendiente el diseño e implementación del registro nacional de delitos cometidos contra y por personas LGBTI+ , que forma parte de las acciones que mandata el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del país, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género (2018).
No obstante, es necesario destacar que la versión publica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) incorpora el enfoque diferenciado para la generación de estadísticas en la materia, en este sentido, considera la variable “pertenece a la comunidad LGBTTTIQ”. Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) utiliza un Formato Único de Declaración, con base en el que actualiza de manera constante el Registro Nacional de Víctimas, en donde se solicita brindar información respecto de si las víctimas consideran que el hecho que reportan se debió a su orientación sexual o a su identidad o expresión de género.
¿Qué falta para garantizar el cumplimiento de la recomendación?
Recursos
Regulations
Regulations
• Fortalecimiento de acciones específicas de prevención y atención de las violencias (familiar, en la comunidad, política, digital y mediática, así como laboral y docente) dirigidas específicamente a las mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes, solicitantes de refugio, con discapacidad, adultas mayores, lesbianas, trans, al ser quienes históricamente han enfrentado mayores desventajas y discriminación.
• Incluir la expresión e identidad de género dentro de los motivos prohibidos de discriminación establecidos en el artículo 1° constitucional.
• Diseñar e implementar estrategias para la prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans que son víctimas de violencia.
• Elaborar un protocolo de investigación de homicidios motivados por el odio/prejuicio hacia la orientación sexual o identidad/expresión de género de las víctimas.
• Revisar y ajustar los planes y programas de estudio, además de la currícula escolar, para incluir con mayor profundidad el tema de igualdad de género, el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencias, y la violencia por prejuicio.
• Evaluar el impacto de las acciones de capacitación dirigidas al funcionariado público en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a fin de conocer el nivel de comprensión de los temas incluidos en las capacitaciones recibidas, el cambio de comportamiento de las personas que participaron en las capacitaciones, así como el impacto de la capacitación en las aptitudes y habilidades relativas al trato con las mujeres, niñas y adolescentes que acuden a los servicios; y, en función de lo anterior, realizar las modificaciones que resulten pertinentes.
• Desarrollar un sistema de información estadístico que permita contabilizar todos los hechos de discriminación y violencia, así como crímenes y actos de odio cometidos en contra de las personas LGBTTTI+.
Relación con el Consenso de Montevideo
Fuente
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Criterios_subsidios_CJM.pdf
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Directorio_CJM.pdf Descargar
Endireh2021_Nal.pdf Descargar
Modelo_Integral_Digital.pdf Descargar
PROTOCOLO_ACTUACIÓN_POLICIAL_VIOLENCIA_FAMILIAR.pdf Descargar
PROTOCOLO_ATENCIÓN_NNA_ORFANDAD_FEMINICIDIO.pdf Descargar
Ruta_Integral_de_Atenciones-RIA-AGOSTO-2021.pdf Descargar
RutaAtencionyProteccionNAME_GEPEA.pdf Descargar
Informe_avances_PROIGUALDAD.pdf Descargar
CARTILLA_TRATA_PERSONAS.pdf Descargar
Protocolo_para_la_prevenci_n__atenci_n_y_sanci_n_del_hostigamiento_sexual_y_acoso_sexual_(1).pdf Descargar
Informe_Avance_y_Resultados_2021_PNDH.pdf Descargar
Formato_RNV.pdf Descargar
3er Ciclo
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