A 20 años de la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de América Latina colocaron un desafío sobre la mesa: lograr que las recomendaciones internacionales de derechos humanos no se queden en compromisos políticos, sino que se conviertan en cambios concretos para las personas. La discusión tuvo lugar este 3 de septiembre en Ciudad de Panamá, durante el conversatorio “20 años del Consejo de Derechos Humanos: fortaleciendo la implementación de las recomendaciones, la participación y el impacto en el quinto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)”, realizado como parte del Encuentro del Colectivo EPU América Latina. El espacio reunió a representantes de Estados, instituciones nacionales de derechos humanos, Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional para revisar las experiencias acumuladas durante los cuatro ciclos del EPU y plantear estrategias rumbo al quinto ciclo, previsto para iniciar en 2027. Mujeres en espacios clave de Naciones Unidas Uno de los elementos que destacó en el encuentro fue la participación de mujeres que ocupan posiciones relevantes dentro del sistema internacional de derechos humanos. Entre ellas estuvo Juliette de Rivero, jefa de la Rama del Examen Periódico Universal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El directorio oficial del Consejo de Derechos Humanos identifica a De Rivero como responsable de la rama encargada del EPU. Su participación resulta relevante en un momento en que el mecanismo se prepara para una nueva etapa. El quinto ciclo representa una oportunidad para revisar no sólo cuántas recomendaciones aceptan los Estados, sino qué ocurre posteriormente con ellas y cómo se mide su cumplimiento. La segunda figura destacada fue Andrea Bolaños Vargas, quien en marzo de 2026 fue designada Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Su nombramiento marcó un hecho histórico: es la primera experta latinoamericana en ocupar este mandato. Politóloga y feminista colombiana, Bolaños cuenta con más de dos décadas de experiencia en derechos humanos y ha trabajado, entre otros temas, en migración, género y protección de personas defensoras. Su presencia en Panamá adquiere especial importancia frente al contexto regional de restricciones al espacio cívico, ataques contra organizaciones y personas defensoras y dificultades crecientes para sostener el trabajo de la sociedad civil. De acuerdo con la información del encuentro, la sociedad civil latinoamericana ha tenido que desarrollar nuevas estrategias de participación, incidencia y monitoreo frente a estas condiciones, al tiempo que enfrenta amenazas y una reducción de fuentes de financiamiento. La universalidad como uno de los pilares del EPU El Examen Periódico Universal es uno de los mecanismos centrales creados por el Consejo de Derechos Humanos. Su característica fundamental es la universalidad: todos los Estados miembros de Naciones Unidas son examinados periódicamente respecto de su situación de derechos humanos. Precisamente, esa característica distingue al EPU de otros mecanismos internacionales. La revisión no se limita a determinados países o regiones, sino que establece el principio de que ningún Estado queda fuera del escrutinio internacional en materia de derechos humanos. A 20 años de la creación del Consejo, la universalidad continúa siendo uno de los principios que las organizaciones buscan preservar mientras se discute cómo hacer más efectivo el mecanismo. UPR Info ha señalado que el EPU mantiene su valor precisamente por su carácter universal y cooperativo, pero también advierte que su credibilidad dependerá cada vez más de su capacidad para traducir las recomendaciones en cambios concretos, sostenibles y medibles. En otras palabras, el reto ya no consiste únicamente en que los Estados reciban recomendaciones, sino en qué hacen con ellas. Del papel a las políticas públicas Durante los cuatro ciclos anteriores, el EPU ha permitido que gobiernos reciban recomendaciones de otros Estados sobre una amplia variedad de asuntos relacionados con derechos humanos. Pero la implementación sigue siendo uno de los principales desafíos. La experiencia internacional muestra que el impacto del mecanismo aumenta cuando las recomendaciones se vinculan con políticas públicas, instituciones nacionales, presupuestos y mecanismos de seguimiento. UPR Info identifica entre los desafíos del quinto ciclo colocar la implementación y el impacto transformador en el centro del proceso, ampliar la participación de la sociedad y conectar las recomendaciones con las políticas públicas, las estrategias de desarrollo y los recursos necesarios para cumplirlas. Un ejemplo reciente permite dimensionar el volumen del mecanismo: durante la sesión 50 del Grupo de Trabajo del EPU, celebrada en 2026, los Estados formularon 2 mil 967 recomendaciones y los países examinados aceptaron 2 mil 353, equivalentes a 79 por ciento. El desafío, por tanto, está en conocer qué sucede después de la aceptación. La sociedad civil busca mayor participación El encuentro de Panamá también puso el foco en quienes participan desde fuera de los gobiernos. El Colectivo EPU América Latina surgió de una experiencia de articulación regional de organizaciones de la sociedad civil que comenzó como Colectivo EPU América del Sur en 2021. En 2025 amplió su alcance con la incorporación de organizaciones y coaliciones de países como México, Honduras, Guatemala y Panamá. En este encuentro, Cirenia Celestino Ortega, directora de CIMAC participó en las mesas de trabajo. La apuesta regional consiste en compartir experiencias, fortalecer las coaliciones nacionales y desarrollar estrategias conjuntas para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones. Durante el encuentro las organizaciones también trabajaron en la construcción de una agenda regional de incidencia para 2026-2027 y en recomendaciones para el quinto ciclo. Para las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, esta participación es especialmente importante porque permite llevar al ámbito internacional problemáticas que muchas veces permanecen invisibilizadas dentro de los Estados: violencia contra las mujeres, discriminación, desigualdad, derechos sexuales y reproductivos, violencia contra defensoras y obstáculos para acceder a la justicia, entre otras. De hecho, durante 2026 distintos espacios vinculados con el EPU han llamado a incorporar de manera más consistente la perspectiva de género en todo el ciclo: desde las consultas nacionales y la elaboración de informes hasta las recomendaciones, su implementación y seguimiento.